La administración de José Raúl Mulino analiza una fórmula que podría cambiar el futuro del proyecto minero más polémico del país. La propuesta contempla crear una empresa estatal y negociar una eventual asociación con First Quantum Minerals, en medio de un fuerte debate sobre empleo, inversión, ambiente y soberanía nacional
El caso de Cobre Panamá vuelve a sacudir el escenario nacional.
El Gobierno de Panamá estaría evaluando una fórmula que podría abrir el camino para la eventual reactivación del proyecto minero, mediante la creación de una empresa minera estatal que asumiría la titularidad de la concesión y permitiría negociar un nuevo esquema de operación con First Quantum Minerals, la compañía canadiense que estuvo a cargo de la mina hasta su cierre en 2023.
La información fue revelada este miércoles por Reuters, que señala que entre las alternativas que analiza el Gobierno estaría una asociación público-privada en la que First Quantum tendría entre el 60% y el 65% de participación, mientras que el Estado panameño conservaría entre el 35% y el 40%.
Otra opción sobre la mesa sería que Panamá mantenga la concesión y permita a la empresa operar el proyecto bajo un modelo basado en el pago de regalías e impuestos.
Según la agencia internacional, el Gobierno podría tomar una decisión sobre el futuro de esta propuesta antes de que termine el año.
Y si la fórmula avanza, el debate nacional promete encenderse nuevamente.
El regreso de la mina que dividió a Panamá
Cobre Panamá no es un proyecto cualquiera. Su cierre, en noviembre de 2023, provocó una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Las protestas contra el contrato de concesión paralizaron buena parte del país y terminaron con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el acuerdo.
Desde entonces, la mina permanece cerrada y el país enfrenta una compleja disputa jurídica y económica.
Pero el escenario podría estar cambiando.
La posibilidad de crear una empresa estatal abre una nueva interrogante: ¿busca Panamá recuperar el control directo sobre sus recursos minerales o se trata de una vía para facilitar el regreso de First Quantum bajo nuevas condiciones?
La respuesta todavía no está clara.
Lo que sí está claro es que cualquier intento de reapertura tendrá que enfrentar nuevamente el debate ambiental, las exigencias de las comunidades y la oposición de los sectores que rechazan la minería metálica a cielo abierto.
EFE/Bienvenido Velasco. Archivo.
El desempleo y el precio del cobre presionan
La discusión también llega en un momento económico particularmente sensible.
Reuters señala que Panamá enfrenta una tasa de desempleo cercana al 10%, mientras el precio internacional del cobre ha aumentado el atractivo estratégico del mineral.
En ese escenario, el proyecto vuelve a aparecer como una posible fuente de empleos, inversión y generación de ingresos para el país.
Cobre Panamá llegó a representar aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) panameño en 2023, de acuerdo con cifras divulgadas por First Quantum Minerals.
La empresa también sostiene que el complejo minero posee alrededor de 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables, lo que convierte al yacimiento en uno de los activos mineros más importantes de la región.
Para quienes defienden la reapertura, el proyecto podría convertirse nuevamente en un motor económico para Colón y Coclé, además de generar miles de empleos directos e indirectos.
Para sus opositores, el problema es otro: los posibles beneficios económicos no justificarían los riesgos ambientales y sociales asociados a la explotación minera.
First Quantum sigue presente
Aunque Cobre Panamá no ha reabierto sus operaciones, First Quantum Minerals no ha desaparecido del escenario panameño.
En abril de este año, la empresa anunció que recibió autorización del Gobierno para retirar, procesar y exportar el mineral que permanece almacenado en las instalaciones del proyecto.
La compañía fue enfática en señalar que esta autorización no representa una reapertura de la mina y que el proceso no incluye nuevas perforaciones, voladuras ni la reactivación de las operaciones de extracción.
First Quantum ha explicado que el complejo se mantiene desde 2023 bajo un esquema de preservación y gestión segura.
Sin embargo, el movimiento demuestra que la empresa continúa teniendo presencia en el país y que cualquier negociación sobre el futuro de Cobre Panamá difícilmente podría ignorar su participación.
Millones de dólares en disputas
Mientras el futuro de la mina vuelve a discutirse, Panamá continúa enfrentando las consecuencias jurídicas del cierre. De acuerdo con información publicada por La Prensa, el Estado panameño ha destinado más de 46 millones de dólares para defenderse en distintos procesos de arbitraje internacional, varios de ellos relacionados con el sector minero.
El costo de la disputa no se limita, por tanto, a la pérdida de actividad económica derivada del cierre de la mina. También están los procesos legales, las reclamaciones internacionales y el desafío de encontrar una salida que permita al país defender sus intereses sin exponerse a nuevas consecuencias jurídicas.
¿Reapertura o un nuevo modelo?
El Gobierno todavía no ha anunciado una reapertura de Cobre Panamá. Pero el análisis de una empresa minera estatal podría convertirse en una de las señales más importantes sobre el rumbo que pretende tomar la administración de Mulino frente al proyecto.
La propuesta también plantea una pregunta incómoda:
¿Panamá quiere volver a abrir Cobre Panamá porque necesita los empleos y los ingresos que generaba, o porque considera que puede aprovechar sus recursos minerales bajo un nuevo modelo de control estatal?
La respuesta tendrá repercusiones que irán mucho más allá de la mina. La discusión tocará la economía, el empleo, la inversión extranjera, el medioambiente, la soberanía sobre los recursos naturales y los compromisos internacionales del país.
Y mientras el Gobierno analiza sus opciones, una cosa parece segura:
Cobre Panamá, la mina que puso a Panamá de cabeza, vuelve a estar en el centro de la conversación nacional. Esta vez, sin embargo, la discusión podría ser todavía más profunda. Ya no se trata solamente de abrir o cerrar la mina.
Ahora el verdadero debate será quién la controla, bajo qué condiciones se explotarán sus recursos y cuánto ganará —o cuánto arriesgará— Panamá en el proceso.