El proyecto de Ley 663 busca poner a circular los CEPANIM: los comercios podrían recibirlos al 100% de su valor y utilizarlos para cubrir hasta el 65% del Impuesto Sobre la Renta. La medida abre una nueva pregunta: ¿quién terminará ganando con este nuevo mercado?
Los CEPANIM podrían dejar de dormir en una gaveta y comenzar a moverse por la economía. El proyecto de Ley 663, aprobado en primer debate, propone cambiar las reglas del juego para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), permitiendo que los comercios los reciban por el 100% de su valor.
Los establecimientos que acepten estos certificados podrían utilizarlos posteriormente como crédito fiscal para cubrir hasta el 65% del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En sencillo: un certificado que hoy puede parecerle poco útil a un jubilado podría convertirse en una especie de moneda negociable dentro de determinados circuitos comerciales y tributarios.
El jubilado quiere valor, no papeles
La propuesta parte de una realidad sencilla: tener un certificado reconocido por el Estado no necesariamente significa tener dinero disponible en el bolsillo.
El proyecto busca precisamente darle mayor liquidez a esos documentos y ampliar las opciones para utilizarlos.
Para un jubilado, poder entregar un CEPANIM en un comercio y recibir bienes o servicios por su valor completo puede representar una diferencia importante.
Pero aquí aparece la letra pequeña.
¿Y quién se queda con el negocio?
Si los certificados comienzan a circular, podría surgir un mercado secundario en el que terceros intenten comprarlos con descuento a sus beneficiarios. Ahí podría aparecer el verdadero negocio.
Un jubilado podría necesitar efectivo inmediato y aceptar vender un certificado por menos de su valor nominal. El comprador, posteriormente, podría utilizarlo en un comercio o aprovechar su valor como crédito fiscal.
¿Quién gana con esa diferencia?
Esa es una de las preguntas que deberá responder el debate legislativo. Porque una cosa es darle liquidez al jubilado y otra muy distinta es crear las condiciones para que intermediarios terminen capturando buena parte del beneficio.
El Estado también está en la ecuación
El mecanismo tiene otra cara: la fiscal. Si los comercios pueden utilizar los CEPANIM para cubrir hasta 65% del ISR, habrá que conocer con precisión cuánto representa este beneficio para las empresas y cuál será su impacto sobre la recaudación tributaria.
No se trata solamente de mover certificados de una mano a otra. También se trata de saber cuánto dinero dejará de ingresar al Estado y bajo qué condiciones.
Por eso, las reglas de negociación, los controles y la trazabilidad de los certificados serán fundamentales.
Todavía falta camino
El proyecto Ley 663 apenas avanzó en primer debate. Todavía deberá continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley. Y precisamente durante ese proceso deberán aclararse las condiciones para los jubilados, comercios, empresas y el propio Estado.
La promesa es atractiva: convertir un certificado en mayor capacidad de compra y darle circulación económica. Pero el diablo, como siempre, puede estar en los detalles.
La pregunta incómoda
Los jubilados no necesitan instrumentos financieros difíciles de entender. Necesitan que lo que el Estado les reconoce tenga valor real y pueda convertirse en bienestar. Por eso, la discusión no debe ser solamente cuánto vale un CEPANIM en papel.
La pregunta es cuánto termina recibiendo el jubilado, cuánto gana el comercio, cuánto aprovecha el intermediario y cuánto le cuesta al Estado.
Porque si los CEPANIM van a entrar al mercado, que quede claro quién cobra, quién gana y quién paga la cuenta.