El Movimiento de Abogados Gremialistas MAG respalda el proyecto de ley 160 y exige que se delimiten las responsabilidades de los agentes residentes frente a las obligaciones contables
Los abogados panameños vuelven a poner sobre la mesa un viejo malestar: cada nueva regulación parece traer consigo más responsabilidades para el gremio. Esta vez, el foco está puesto en el proyecto de ley 160, relacionado con los registros contables de las estructuras jurídicas y las obligaciones de los abogados que actúan como agentes residentes.
El movimiento de abogados gremialistas MAG salió en defensa de la iniciativa y lanzó un mensaje contundente: “Los abogados no somos ni pretendemos ser policías fiscales”.
La frase resume la posición del gremio frente a unas obligaciones que, según sostienen, pueden terminar trasladando hacia los profesionales del Derecho responsabilidades propias del ámbito contable.
El verdadero punto de conflicto
El debate no es simplemente sobre llevar registros o entregar información.
El asunto de fondo es hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un abogado que actúa como agente residente y en qué momento una obligación de cumplimiento puede convertirse en una responsabilidad de fiscalización.
Para el MAG, los abogados no deben asumir funciones que corresponden a contadores, auditores u otros especialistas. Por ello, consideran necesario que el proyecto establezca con absoluta claridad las responsabilidades que corresponden a cada profesional.
La preocupación no es menor.
En los últimos años, el sector jurídico panameño ha tenido que adaptarse a un creciente conjunto de normas vinculadas con transparencia, prevención y cumplimiento, en buena medida dentro de los esfuerzos del país por responder a las exigencias internacionales.
Ahora el gremio plantea que esa responsabilidad debe tener límites.
Decretos que buscan convertirse en ley
Según el movimiento gremialista, Panamá ya había establecido disposiciones relacionadas con esta materia mediante decretos emitidos en 2024 y 2025.
El proyecto 160 plantea, desde su perspectiva, consolidar y elevar a rango de ley ese marco regulatorio, incorporando además modificaciones que consideran beneficiosas para el ejercicio profesional.
Para el MAG, llevar estas disposiciones al nivel de una ley permitiría brindar mayor estabilidad y certeza jurídica a las estructuras corporativas que operan en Panamá.
Y ahí aparece una palabra clave: competitividad.
El gremio sostiene que una jurisdicción corporativa necesita reglas claras, estables y previsibles para mantener la confianza de quienes utilizan Panamá para sus operaciones y estructuras legales.
El dilema: transparencia sí, responsabilidades sin límites no
La discusión coloca a Panamá frente a un delicado equilibrio. Por un lado, el país necesita fortalecer sus mecanismos de transparencia y cumplimiento para responder a los estándares internacionales.
Por otro, los abogados reclaman que esas obligaciones no terminen convirtiéndolos en responsables de fiscalizar todos los aspectos de las sociedades que representan.
En términos sencillos: el gremio no está planteando, según su posición, eliminar los controles; está pidiendo definir quién debe responder por qué.
Y esa diferencia será fundamental durante el debate legislativo.
Análisis jurídico
El punto más sensible del proyecto será determinar si las obligaciones asignadas al agente residente guardan relación razonable con la naturaleza de su función profesional.
Un abogado puede tener deberes de diligencia, identificación, conservación de información y cumplimiento derivados del marco legal aplicable. Pero eso no significa automáticamente que tenga las mismas responsabilidades profesionales que un contador o auditor.
Por eso, cualquier régimen de obligaciones y sanciones debe establecer con precisión qué conducta se exige, quién está obligado a ejecutarla, cuál es el alcance de esa obligación y bajo qué circunstancias podría generarse responsabilidad.
Una legislación ambigua puede terminar produciendo precisamente lo que el gremio cuestiona: que el abogado quede expuesto a sanciones por asuntos que materialmente no controla o que corresponden a terceros.
Ese será uno de los puntos que deberá examinarse con lupa durante la discusión del proyecto.
El mensaje del gremio
El Movimiento de Abogados Gremialistas MAG, que afirma contar con más de 47 años de trayectoria en Panamá, hizo un llamado a los profesionales del Derecho para respaldar el proyecto 160 y participar activamente en su discusión.
Su argumento es directo: defender al abogado no significa estar en contra de la transparencia ni del cumplimiento. Significa establecer responsabilidades proporcionales y jurídicamente claras.
La discusión apenas comienza, pero ya tiene un ingrediente político y gremial evidente.
Panamá busca fortalecer su reputación internacional y mantener su competitividad como jurisdicción corporativa. Los abogados, mientras tanto, reclaman que ese esfuerzo no termine convirtiendo al agente residente en el responsable de vigilar cada movimiento de las sociedades que representa.
El proyecto 160 tendrá que responder justamente a esa tensión.
Porque la pregunta que queda sobre la mesa es sencilla, pero incómoda:
¿Debe el abogado responder por lo que jurídicamente representa o terminar respondiendo también por aquello que profesionalmente no le corresponde?