En un día laboral cualquiera, Misra Yusuf puede vacunar a un niño contra la poliomielitis, inyectar a una mujer un anticonceptivo de acción prolongada, auscultar a un hombre para detectar tuberculosis, colgar un mosquitero para proteger a una familia del paludismo y ayudar a cavar una letrina.
En los últimos años, ha administrado unas 10.000 vacunas contra el coronavirus en su comunidad del este de Etiopía y también detectó y suprimió un brote de sarampión.Yusuf trabaja mucho más de las 40 horas semanales que le exige su contrato. Por su trabajo, el gobierno etíope le paga el equivalente a 90 dólares al mes.
El pago es desalentador”, afirmó Yusuf. “Pero sigo adelante porque valoro el trabajo”.
Yusuf forma parte de una legión de más de 3 millones de trabajadoras sanitarias comunitarias en todo el mundo y pertenece a una minoría a la que sí se le paga. El 86 por ciento de las trabajadoras médicas comunitarias de África no reciben ninguna remuneración.
No obstante, ahora, instigadas por las frustraciones que surgieron durante la pandemia de COVID-19 y comunicadas gracias a las tecnologías digitales que han llegado incluso a zonas remotas, las trabajadoras sanitarias comunitarias se están organizando para luchar por una remuneración justa. El movimiento se extiende por los países en desarrollo e imita las acciones laborales emprendidas hace 40 años por las trabajadoras de la confección en muchas de esas naciones.
En algunos países, como Ruanda y Liberia, las trabajadoras sanitarias comunitarias tratan la mitad de los casos de paludismo, realizan proezas de atención curativa, preventiva y de rehabilitación; sin embargo, la inmensa mayoría de estas en todo el mundo no reciben remuneración ni apoyo”, señaló Madeleine Ballard, directora ejecutiva de Community Health Impact Coalition, un grupo de defensa que colabora con la organización y la estrategia. “Es una cuestión de género, de salud pública y laboral”.
Esta manera de ejercer presión está empezando a dar resultados. En Kenia, 100.000 trabajadoras sanitarias comunitarias empezaron a recibir estipendios hace poco (25 dólares al mes, pagados por el gobierno) como un grupo recién formalizado de promotoras de la salud. La victoria se produjo tras una campaña, coordinada en WhatsApp, en la que las mujeres publicaron en redes sociales fotografías de sí mismas haciendo su trabajo y utilizaron una aplicación para aprender estrategias de presión política.
Margaret Odera, quien formó el primer grupo de WhatsApp, dijo que disfrutaba de sus éxitos ayudando a mujeres embarazadas de Nairobi, la capital de Kenia, a proteger a sus bebés del VIH, pero estaba cansada de que durante una década de trabajo le dijeran “que dios te lo pague”.
Si le puedes pagar a un médico por salvar una vida, puedes pagarme a mí”, afirmó Odera.
A la caza de costos reducidos de mano de obra
Para más de mil millones de personas de países de bajos ingresos, las trabajadoras sanitarias comunitarias prestan la principal, y a veces la única, atención médica que reciben las personas a lo largo de su vida. Organizaciones médicas y de ayuda, como la Fundación Bill y Melinda Gates; el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo; y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), dependen de estas trabajadoras para llevar a cabo programas que a menudo cuentan con presupuestos multimillonarios. No obstante, poco o nada de esos presupuestos se destina a quienes trabajan al final de esa cadena.
Miembros actuales y antiguos del personal directivo de esas organizaciones describieron reuniones en las que los ejecutivos aplaudían los programas que podrían poner en marcha las trabajadoras sanitarias comunitarias no remuneradas, celebrando lo que llamaban la “rentabilidad” que representaría; sin embargo, según los miembros del personal, esta idea ha perdido aceptación pública en los últimos dos años.
Solo 34 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas han formalizado la función de las trabajadoras sanitarias comunitarias con adiestramiento, acreditación y salarios mínimos. Se esperaba que el jueves 21 de septiembre la Asamblea General de la ONU, reunida esta semana en Nueva York, adoptara una declaración sobre la cobertura médica universal que reconozca la importancia de pagarles a las trabajadoras sanitarias comunitarias y haga hincapié en la equidad de género.
Otras organizaciones internacionales destacadas han hecho declaraciones de este tipo, con escasos resultados. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó directrices para el despliegue de trabajadoras sanitarias comunitarias que incluían una recomendación para un salario justo. La Asamblea Mundial de la Salud respaldó la idea en 2019.
No obstante, dijo Ballard, “la presión está aumentando”.
Las trabajadoras sanitarias comunitarias suelen tener una educación formal limitada y muchas viven en zonas rurales remotas, factores que les han dificultado organizarse.
No están todos los días en la misma fábrica intercambiando facturas”, explicó Ballard.
La propagación de los teléfonos inteligentes y de servicios de mensajería gratuitos como WhatsApp ha contribuido a cambiar esta situación.
Después de que las mujeres con un puesto llamado “mujer trabajadora de la salud” en Pakistán ganaron una batalla para que se les pagara, sus homólogas de Nepal que presenciaron esa lucha empezaron a hacer campaña para obtener un salario, dijo Rajendra Acharya, secretario regional para Asia y el Pacífico de la organización sindical Uni Global, que ayudó a organizar a las trabajadoras pakistaníes.
Ahora, las trabajadoras voluntarias de Bangladés se fijan en los logros conseguidos en la India y se preguntan: “¿Por qué no sucede también aquí?
A medida que se ha ido extendiendo entre las mujeres la noticia de las victorias recientes de sus colegas en otros países, “es más difícil para un gobierno decir: ‘Ay, no, no les podemos pagar’, cuando tu país vecino, con circunstancias similares, ha introducido un salario mínimo para sus trabajadoras sanitarias comunitarias”, aseveró Ballard. “Ahora somos una marea creciente”.
En fechas recientes, el Fondo Mundial se ha convertido en la primera gran organización médica internacional que les exige a los países que reciben sus subvenciones que presupuesten qué prestaciones realizarían las trabajadoras sanitarias comunitarias y el déficit de financiación para hacerles un pago por sus servicios.
Un modelo con siglos de antigüedad
La idea de prestar asistencia médica a través de trabajadores comunitarios con una capacitación formal mínima se remonta a cientos de años atrás. Se consideraba una manera de atender a personas que vivían en zonas remotas donde no había médicos, enfermeras y parteras o eran escasos. Muchos países siguen el modelo de los llamados médicos descalzos de China durante la Revolución Cultural de la década de 1960.
Hace casi 20 años, Etiopía se convirtió en uno de los primeros países del África subsahariana en generalizar el uso de lo que denomina agentes de extensión sanitaria. El programa no tardó en dar resultados: los índices de paludismo, fallecimientos por sida y mortalidad materna cayeron en picada. A esas mujeres se les pagó desde el principio.
No obstante, cuando quedó claro que las dos trabajadoras por distrito no bastarían para cerrar la brecha de la atención primaria, Etiopía optó por no contratar a más trabajadoras sanitarias comunitarias, sino por reclutar a un cuerpo no remunerado al que llamó Ejército de Desarrollo de las Mujeres. Esta estrategia se está emulando ahora en otros países, como Nepal y Ghana.
En resumen: si no se explota a las trabajadoras sanitarias comunitarias de manera grotesca (dado el número de horas y la complejidad de las tareas que realizan en relación con su escaso o nulo salario), la gente no recibe atención médica”, concluyó Ballard.