Billeteros afirman que el contrato desde un principio en nada benefició a la lotería tradicional
Las preocupaciones de los billeteros sobre el impacto negativo de la lotería electrónica al negocio tradicional fueron planteadas al entonces director de la DGI, Publio De Gracia, pero las advertencias fueron desatendidas, dijo Fernando González, vocero del sindicato de billeteros, informó el diario Panamá América.
“Le dijimos al señor De Gracia que si esto fuera su empresa, no haría lo que estaba haciendo. Nunca nos escuchó”, señaló González.
Desde su perspectiva, el contrato firmado inicialmente establecía un porcentaje de ganancia del 16.05%, pero mediante varias adendas, este porcentaje se redujo. No obstante, al llegar el gobierno del PRD, el porcentaje de ganancia se aumentó nuevamente al 15%, exceptuando el ITBMS.
El vocero destacó que la operación de los juegos electrónicos se realizaba a través de la empresa extranjera Scientific Games, contratando a MediaRed, un operador puertorriqueño.
“La empresa extranjera solo pone el nombre; la operación real la realiza MediaRed”, añadió González.
Según los billeteros, el contrato resultaba desventajoso para la Lotería Nacional, que terminaba quedándose con las migajas de las ganancias, mientras que la empresa privada obtenía beneficios netos significativos.
González señaló que en los nueve meses de operación de juegos como Loto y Pega 3, la lotería reportó pérdidas considerables, con estados financieros que mostraban una pérdida de alrededor de un millón en diciembre.
Ante estas irregularidades, González y su sindicato hicieron varias advertencias a los medios de comunicación, insistiendo en que el contrato no era beneficioso para la entidad. A pesar de estas denuncias, no se tomaron en cuenta hasta que el presidente, José Raúl Mulino, finalmente reconoció la situación.
El vocero también mencionó a otros funcionarios involucrados, como Katia Rojas de Román, representante del contralor en la junta directiva de la Lotería, quien no anotó nada sobre las irregularidades del contrato.
González enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y disolver el contrato, asegurando que muchas de las obligaciones establecidas en la cláusula 13 del contrato no se han cumplido.