Revela que en la campaña política de 1989 había “manejado los fondos que enviaba la CIA para derrocar a Noriega y recuperar la democracia”
Corría el mes de septiembre del 2017 y el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela se desangraba políticamente ante denuncias de que había recibido, en dos campañas electorales, por lo menos $10.7 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
“¿Qué posibilidad hay de que el partido (panameñista) devuelva el dinero?”, le preguntó Leo Marchosky a Varela a media tarde del sábado 9 de septiembre.
“Sería muy positivo y bien visto”, añadió el médico y amigo personal del exmandatario, según registros de los Varelaleaks.
Ante la propuesta de Marchosky, Varela reaccionó comparando “los aportes políticos” de Odebrecht, para sus campañas del 2009 y el 2014, con lo entregado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para deponer en 1989 al general Manuel Noriega.
De acuerdo a los Varelaleaks, el exmandatario le reveló al empresario Roberto Eisenmann que en la campaña política de 1989 había “manejado los fondos que enviaba la CIA para derrocar a Noriega y recuperar la democracia”.
Eisenmann fue uno de los cinco fundadores del diario La Prensa, surgido a inicios de la década de 1980 por la apertura democrática propiciada por los tratados canaleros Torrijos-Carter. Fuentes aseguran que ese diario recibió fondos de la CIA y que Eisemann maniobró para eliminar los otros cuatro fundadores y reinar en solitario y a su antojo en el periódico opositor.
A la exprocuradora general, Kenia Porcell, Varela le contó que la CIA le había entregado $1 millón en efectivo para financiar la oposición en Chiriquí.
Fuentes diplomáticas estadunidenses aseguraron que, tras la invasión, Varela asesoró al Batallón de Inteligencia Militar de Estados Unidos destacado en la base Albrook. Acompañaba en patrullajes a un mayor del ejército estadunidense para identificar las casas donde vivían simpatizantes de Noriega.
Las fuentes revelaron que, desde entonces, Varela quedó fascinado con todo lo relacionado con las “agencias” de Estados Unidos y la CIA. Nunca entendió que la CIA trabaja, al más alteo nivel, para el Departamento de Estado y sus embajadores.
Varela razonaba que, así como la CIA había aportado dinero “para derrocar a Noriega”, Odebrecht había dado “aportes políticos” para acabar con la “dictadura económica” del expresidente Ricardo Martinelli.
Según los Varelaleaks, el exmandatario afirmaba que sin los recursos de la transnacional brasileña no habría ganado las elecciones del 2014. “No sé cuál hubiera sido el resultado” en esos comicios, “de no haber sido aceptadas las donaciones políticas de Odebrecht”, le confió a María Mercedes Chelle de Corró, exdirectora de La Prensa y su exembajadora en España.
Varela le planteó a Marchosky que resultaba imposible devolver los $10.7 millones entregados por Odebrecht. “¿Devolverle a la CIA el dinero que dio para derrocar a Noriega?”, respondió Varela en forma retórica.
“Eso crearía compromisos con nuevos donantes, cuando se ha sido claro que no existe ningún compromiso con Odebrecht”, sostuvo el expresidente y ensayó, por primera vez, ubicar los fondos obtenidos de la empresa brasileña dentro del casillero de “donaciones políticas”.
El plan de Varela consistía en “desviar el tema a donaciones políticas a través de terceras personas”. “Es lo que hacen todas las empresas, incluyendo las televisoras”, añadió. Para el exmandatario, de acuerdo a los Varelaleaks, lo “importante” era “desviar la atención” de la trama de Odebrecht.
Para entonces habían transcurrido nueve meses desde el acuerdo alcanzado en la víspera de Navidad del 2016, por los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Suiza y la multinacional brasileña, aceptando haber construido una estructura de corrupción para obtener -mediante la entrega de $788 millones en comisiones ilegales- un centenar de megaproyectos en 10 países latinoamericanos y dos africanos. Odebrecht acordó pagar una multa de $3,500 millones que serían distribuidos entre Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Se derrumbaba así el imperio económico construido por Emile Odebrecht, un ingeniero alemán que emigró a Brasil en 1896. En la década de 1930, la Compañía Emilio Odebrecht participó en importantes proyectos de construcción, pero fue su hijo Norberto quien en 1944 cambió el esquema de negocios y posesionó a la empresa como uno de los principales contratistas del Estado brasileño.
La mayor expansión se produjo entre 1964 y 1985 cuando el Grupo Odebrecht acumuló las principales carteras de obras de infraestructura pública y se convirtió en la constructora emblemática brasileña con operaciones en 26 países.
En el 2008, su nieto Marcelo Odebrecht, de 40 años, asumió las riendas del gigante constructor. Al año siguiente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre las operaciones de Odebrecht que encontró resonancia en marzo del 2014 con el escándalo conocido como Lava jato (Lavado de autos).
Esas investigaciones dejaron al descubierto un esquema de sobornos practicado por Odebrecht para obtener contratos públicos. Marcelo fue detenido en junio del 2015 y condenado a 19 años de prisión. Estuvo preso dos años y medio, pues en diciembre del 2017 se acogió a la prerrogativa de delación premiada y pasó la Navidad con su familia.
“Siempre hubo una comisión, un pago para gobernantes. Porque no se puede crecer tanto sin sobornos”, declaró uno de los 77 altos directivos de Odebrecht, detenido durante las investigaciones llevadas a cabo en Brasil. Las coimas no eran consideradas sobornos sino parte de una comisión contractual.
El de Panamá fue uno de los nombres hallados en la chequera de la transnacional. El país estaba en la lista de pago de sobornos con apodos para esconder la identidad de los destinarios. En el acuerdo alcanzado con Odebrecht salió a la luz que el grupo había pagado sobornos a funcionarios y empresarios panameños por $59 millones entre el 2009 y el 2014.
Las investigaciones llevadas a cabo en Panamá -donde la empresa obtuvo contratos por más de $8,000 millones- determinaron que 36 personas, entre ellas Varela, estaban involucradas en una trama de lavado de dinero de Odebrecht. Un fiscal impuso en el 2020 una medida cautelar al expresidente y se le prohibió salir del país.