Presentó dos proyectos de ley a la Asamblea para combatir la corrupción
El procurador general, Luis Gómez, presentó al pleno de la Asamblea Nacional (AN) dos iniciativas dirigidas a la aprobación de una Ley General Anticorrupción mediante reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal.
Según el jefe del Ministerio Público, ambos proyectos tienen el objetivo principal de combatir el flagelo de la corrupción, desde un enfoque de naturaleza integral, en los cuales se hacen ajustes de aspectos sustantivos y procesales dentro del ordenamiento jurídico.
En cuanto al proyecto que modifica artículos del Código Penal, Gómez enfatizó que se aumentan las sanciones relativas a delitos contra la administración pública.
Explicó que uno de los proyectos de ley que modifica el Código Penal, se refiere al Artículo 349, en el que propone que el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio o sin prestar el servicio para el cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Gómez hizo referencia en que las iniciativas integran nuevas técnicas especiales de investigación, método de eficacia demostrada en el combate del delito del crimen organizado.
Los proyectos de ley, manifestó el funcionario, contemplan procedimientos ágiles y especializados, siempre cumpliendo el estricto debido proceso, el respeto de la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales que establece la Constitución Nacional.
El procurador general Gómez destacó que el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, evidencia una persistente debilidad institucional.
Añadió que los informes más recientes arrojan que nuestro país obtuvo una calificación de 33 puntos sobre 100, situándose por debajo del promedio de la región que es de 42 puntos.
El procurador general afirmó que la corrupción en Panamá sigue y continúa siendo un problema sistémico y arraigado que requiere de reformas profundas y sostenidas, ya que sólo en las fiscalías anticorrupción se mantienen en investigación unas 3,840 causas activas.
Dijo que son delitos que afectan directamente los intereses del Estado en las modalidades contra la administración pública. Manifestó que dentro de estas causas se encuentran las violaciones contra el orden económico, como la retención indebida de las cuotas obreros- patronales. Al igual, se define el blanqueo de capitales que emana de actos corruptos y patrimoniales.