La compañía advierte que las acciones del Estado panameño suponen graves riesgos operativos y de seguridad para las terminales de Balboa y Cristóbal
CK Hutchison Holdings condenó la toma de control no solicitada de sus puertos en Panamá por parte de las autoridades del país, calificándola de ilegal y como la culminación de una campaña contra su filial Panama Ports Company (PPC), que operaba las terminales, informó The South China Morning Post.
El conglomerado, controlado por la familia del magnate hongkonés Li Ka-shing, reaccionó un día después de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) actuara en virtud de un decreto presidencial que le permitió asumir el control y la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en ambos extremos del Canal de Panamá, por razones de interés social urgente.
La medida coincidió con la publicación oficial de una sentencia de enero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la ley que aprobaba la concesión otorgada a PPC.
Según CK Hutchison, la toma de control de las dos terminales refleja la culminación de una campaña del Estado panameño contra PPC y el contrato de concesión durante el último año.
La empresa aseguró que las acciones e instrucciones del Estado hicieron imposible la continuidad de las operaciones, lo que llevó a PPC a cesar toda actividad en Balboa y Cristóbal el 23 de febrero del 2026.
Añadió que representantes gubernamentales “llegaron sin invitación”, ingresaron directamente a los puertos y comunicaron que la concesión “ya no existe”, ordenando el cese inmediato de las operaciones.
CK Hutchison también denunció que las autoridades informaron a los empleados de PPC que serían trasladados, que no debían comunicarse con la empresa y que debían acatar las instrucciones del gobierno bajo amenaza de enjuiciamiento penal.
La compañía calificó como “ilegales” tanto la sentencia como el decreto ejecutivo y la ocupación de las terminales, y advirtió que estas acciones plantean graves riesgos para las operaciones, la salud y la seguridad de ambos puertos.
El decreto del presidente José Raúl Mulino ordenó además a la AMP ocupar los bienes muebles de PPC -incluidas grúas, vehículos y sistemas informáticos-. Posteriormente, el mandatario afirmó que la ocupación no implicaba la pérdida definitiva de los derechos de propiedad y que los activos serían devueltos cuando cesaran las razones que motivaron la medida.
CK Hutchison sostuvo que Panamá será responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de estas acciones.
Desde Hong Kong, el gobierno informó que el secretario de Comercio y Desarrollo Económico, Algemon Yau Ying-wah, presentó una enérgica protesta ante el cónsul general de Panamá, expresando su profunda insatisfacción y su oposición a lo que calificó como una toma de control injustificada, reiterando su compromiso con la defensa de las empresas hongkonesas en el exterior.
Alberto Alemán Zubieta, al frente del equipo técnico que supervisa la transición, señaló que la Autoridad Marítima tomó posesión de ambos puertos para garantizar la continuidad operativa una vez que la sentencia quedó firme. De forma provisional, las operaciones quedarían a cargo de APM Terminals, filial del grupo danés AP Moller-Maersk, y de la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), que además integra un consorcio interesado en adquirir activos portuarios globales de CK Hutchison.
La intervención pone fin a una disputa de un año por el control de los dos puertos, convertida en un punto sensible de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Un alto funcionario estadunidense declaró al South China Morning Post que Washington felicitó a Panamá por la decisión, considerándola alineada con la iniciativa del presidente Donald Trump de frenar la influencia china en esta vía estratégica.