Los protocolos internacionales establecen que después de 72 horas de la tragedia se deben suspender las operaciones de búsqueda, al considerar que ya no hay posibilidades de encontrar sobrevivientes.
Las autoridades de Guatemala enfrentan este viernes una encrucijada respecto a si continúan o no con la búsqueda de unos 200 desparecidos tras la erupción el domingo pasado del volcán de Fuego, que se cobró al menos 109 vidas.
Los protocolos internacionales establecen que después de 72 horas de la tragedia se deben suspender las operaciones de búsqueda, al considerar que ya no hay posibilidades de encontrar sobrevivientes.
Cinco días han pasado desde que una potente erupción del volcán sepultó bajo toneladas de ceniza y arena caliente a la comunidad San Miguel Los Lotes, en el sureño municipio de Escuintla, pero las autoridades no han descartado la posibilidad de seguir buscando víctimas.
Sin embargo, en la práctica las tareas de rescate están suspendidas desde la tarde del miércoles por lo inestable del terreno debido a las fuertes lluvias y porque aún existe material caliente en el área devastada.
David de León, vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), afirmó este viernes que las autoridades realizan evaluaciones luego de “los descensos de flujos piroclásticos de las últimas 12 horas y los lahares por lluvias” para determinar si ingresan o no a la llamada “zona 0”.
A su vez, la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala verificará en el río Guacalate, a la altura de la devastada San Miguel Los Lotes, para ver si “lo observado con el dron corresponde a dos víctimas”.
El volcán, de 3.763 metros de altura, situado a 35 km al suroeste de la capital, registró el domingo su erupción más fuerte de las últimas cuatro décadas, que dejó al menos 109 muertos y 197 desaparecidos en medio de un explosivo flujo de rocas ardientes, gases y ceniza.
La furia desatada por el coloso dejó además 58 personas heridas y 12.407 evacuadas, de las cuales 3.710 permanecen en albergues, según el último balance divulgado por la Conred, ente estatal a cargo de protección civil.
– Maquinaria pesada –
El jueves, socorristas, policías y soldados no pudieron ingresar al área de impacto, pero sí maquinaria pesada para comenzar a retirar escombros y a limpiar la llamada “zona 0”.
Ante la suspensión de las operaciones de búsqueda y rescate algunos familiares de víctimas se arriesgaron y entraron por su cuenta al sitio de la tragedia, pese a la restricción anunciada por la policía.
Los agentes montaron un centro de control sobre la carretera para impedir el acceso a las personas, sin embargo los dolidos familiares se escabulleron por otros lugares para evadir a las autoridades, principalmente atravesando sembradíos de café.
“Ya no los vamos a recuperar completos (los cuerpos), ahora aunque sea en pedazos que los encontremos”, comentó resignado Luis Vásquez, al aceptar el ingreso de maquinaria pesada para demoler la vivienda de su familia y buscar los restos de siete allegados que perdió en la erupción.
Las personas que ingresan al lugar ponen en riesgo su vida pues en cualquier momento se pueden generar flujos piroclásticos, compuestos por gases tóxicos, piedras y materia volcánica, que baja a gran velocidad y arrasan con todo lo que encuentran a su paso, según el Instituto de Vulcanología (Insivumeh).
Una de esas avalanchas fue la que sepultó el domingo decenas de viviendas y dejó la estela de muertos y desaparecidos.
– En busca de responsables –
La tragedia también comenzó a trasladarse al ámbito legal, pues la Fiscalía de Guatemala anunció el jueves que investigará si hubo negligencia en la respuesta a la erupción por no evacuar a los pobladores a tiempo para intentar evitar la catástrofe.
Los ojos están puestos en el secretario de la Conred, Sergio Cabañas, y el director Instituto de Vulcanología, Eddy Sánchez, quienes entraron a un cruce de acusaciones el miércoles durante una comparecencia ante el Congreso.