Trece países de Latinoamérica, sin el concurso del gobierno de Nicolás Maduro, comenzaron el lunes a discutir fórmulas para regularizar a los migrantes venezolanos y obtener fondos externos para atender el éxodo desatado por la crisis en Venezuela.
El gobierno de Maduro, que niega la crisis migratoria que ha desbordado a la región, se marginó de la cita técnica de dos días convocada en Quito para hacer frente a los cientos de miles de venezolanos que huyen por el continente del grave deterioro económico en su país.
Otrora aliado de Caracas, el gobierno de Ecuador puso sobre la mesa de discusiones la necesidad de resolver la situación de los migrantes mediante un marco regulatorio común.
“Será muy importante (…) intentar propuestas para resolver la situación de cientos de miles de venezolanos que por diferentes razones no han tenido o no tienen acceso a un estatus migratorio laboral y regular en nuestros países”, dijo el canciller encargado de Ecuador, Andrés Terán.
En ese sentido, proclamó que la situación en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo derivó en una “crisis migratoria y humanitaria”.
Las personas que salieron de Venezuela “son altamente vulnerables a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, la falta de acceso a la seguridad social, la extorsión, la violencia, el abuso sexual, el reclutamiento para actividades delictivas, la discriminación y la xenofobia”, manifestó Terán.
El encuentro en Quito reúne a delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La OEA también organizó para el 5 de setiembre a una reunión extraordinaria en Washington para tratar el fenómeno migratorio.