Panamá declaró que el inicio del intercambio de información fiscal con Estados Unidos demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión tributaria tras el escándalo de los “Panama Papers”
Panamá y Estados Unidos comenzaron este año a intercambiar información de manera regular, después de que el país centroamericano realizara varias reformas legales para hacer transparente su sistema financiero.
“El intercambio de información fiscal internacional le conviene a Panamá”, dijo el director general de Ingresos, Publio Cortés, en conferencia de prensa.
“No se puede pedir que nos ayuden si no ayudamos, vivimos en una comunidad internacional”, añadió Cortés al presentar los primeros resultados del intercambio de datos con Estados Unidos.
El gobierno panameño impulsa un debate nacional para presentar una ley que tipifica a la evasión fiscal como delito, tal como exigen a Panamá diversos organismos internacionales.
“Es un compromiso de todos los países luchar contra la evasión fiscal, que desvía los recursos de un Estado para solucionar los problemas del pueblo”, afirmó esta semana el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
El sistema financiero panameño recibió innumerables críticas en 2016 tras el escándalo de los “Panama papers”, una filtración de documentos que reveló como desde un bufete de abogados de Panamá se crearon infinidad de sociedades opacas.
Algunas de esas sociedades fueron utilizadas por personalidades de todo el mundo para presuntamente evadir impuestos y blanquear dinero de actividades ilícitas.
Tras el escándalo el gobierno panameño aceleró diversas reformas legales en favor de la transparencia fiscal y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a intercambiar información fiscal de “manera automática” con más de un centenar de países a partir de 2018.
De “manera automática” significa que la información se consigue por simple solicitud de cualquier autoridad fiscal, sin necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, también han surgido críticas en el país, principalmente de abogados, que afirman que con estas medidas Panamá entrega su soberanía a la OCDE.
“Hemos dado un paso fundamental en el cumplimiento del plan de trabajo del gobierno en pro de la transparencia fiscal y en atención de los compromisos adquiridos internacionalmente”, señaló Cortés.
“Ya está bueno que se siga hablando de imposiciones”, añadió.