La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha imputado cargos a diez personas —seis mujeres y cuatro hombres— por delitos de tráfico ilícito de armas y explosivos y contra la fe pública, entre ellas un comisionado de la Policía Nacional al cual se le ordenó detención preventiva para imputarle cargos.
La Primera Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, programó para el próximo 18 de diciembre de 2018, a las 11:00 de la mañana, en la Sala 4, audiencia de formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares personales a un exfuncionario de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, quien era requerido por las autoridades, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y contra la fe pública, en perjuicio de la sociedad.
En este mismo caso, se han peticionado otras audiencias de control de garantías y que ya fueron agendadas para los días 11 de diciembre, a las 11:00 a.m., Sala 5, audiencia para la admisibilidad de una querella.
Asimismo, el día 14 de diciembre, a las 3:00 p.m., Sala 4, audiencia de afectación de derechos a uno de los imputados. Finalmente, el mismo día 18 de diciembre, pero a las 10:00 a.m., también se tiene previsto realizar una audiencia ante un juez de Garantías, para resolver petición de revocatoria de medidas cautelares personales aplicadas a uno de los ya imputados de nacionalidad asiática.
En esta causa ya se le han formulados cargos a ocho imputados, algunos exfuncionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y del Ministerio de Seguridad Pública.
El pasado 9 de octubre, en audiencia de control, se otorgó a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, seis meses más de investigación, luego que se determinara esta causa como compleja.
Esta investigación se originó en el 2017, cuando mediante llamada anónima se informa a las autoridades de un ciudadano de origen asiático que había ingresado al país, un total de 100 armas de fuego provenientes de los Estados Unidos, y que través de la DIASP, supuestamente se le expidió permiso y fueron legalizadas, alterando fechas y pruebas de balística.