El gobierno interino boliviano tuvo roces con la CIDH, por posiciones de la institución en varios temas, tras llegar al poder.
El gobierno boliviano expresó este miércoles su “preocupación” y “asombro” por el rol que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país y puso en duda su imparcialidad.
“Estoy absolutamente asombrado que solamente hayan derechos humanos y CIDH para unos y no hayan para el resto de los bolivianos”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Murillo aseguró que el trabajo que realiza la CIDH “es altamente preocupante” al haberse pronunciado de manera expedita sobre varios casos durante el gobierno de la derechista Jeanine Áñez, que comenzó el 13 de noviembre, frente al casi silencio, criticó, en los 14 años de gestión del izquierdista Evo Morales (2006-2019).
Murillo enumeró los presuntos casos de violaciones de derechos humanos que no fueron considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la represión policial a indígenas amazónicos en 2011 o los enfrentamientos durante la aprobación de la nueva Constitución en 2007.
También mencionó la situación de varios medios de prensa, atosigados por el gobierno por ser considerados opositores, o el caso del senador de derecha Roger Pinto, quien estuvo 15 meses en la embajada brasileña en La Paz, desde el 2012, en un frustrado trámite de asilo.
“¿Dónde estaban los derechos humanos y la CIDH?”, se preguntó el titular de Gobierno.
El gobierno interino boliviano tuvo roces con la CIDH, por posiciones de la institución en varios temas, tras llegar al poder.
La Comisión Interamericana cuestionó un decreto del gobierno de Áñez que otorgaba inmunidad a los militares en la represión a protestas durante los conflictos sociales en noviembre, reclamó garantías para la libertad de expresión y emitió un informe desfavorable por el uso de la fuerza por parte de policías y militares, durante las revueltas de octubre y noviembre en las que murieron 35 personas.
La entidad internacional emitió también medidas cautelares en favor de la defensora estatal del pueblo y un colaborador suyo, denunciados por el gobierno de actuar por móviles político-partidarios y no legales.