La batalla turbulenta y sin precedentes de recuento de votos en Florida que polarizó al país en el año 2000 y ocasionó que la Corte Suprema tuviera que decidir el resultado de la contienda pronto podría parecer parte de unas elecciones para el consejo estudiantil de una preparatoria al compararla con lo que podría suceder después de las elecciones de noviembre.
Imaginemos no una sola Florida, sino decenas de Floridas. No un solo conjunto de demandas, sino una amplia variedad de ellas. Y, en vez de dos candidatos mesurados que se quedan al margen y dejan la lucha en manos de sus representantes, un presidente de Estados Unidos en funciones desatando su furia en MAYÚSCULAS vía Twitter desde el Despacho Oval mientras maquina formas de usar las atribuciones de su cargo para interferir.
En los últimos días, se ha planteado con mayor claridad la posibilidad de que noviembre sea muy difícil, y tal vez también lo sean diciembre y enero, debido a que el presidente Donald Trump asevera que las elecciones serán fraudulentas y a que los demócratas lo acusan de intentar que eso se convierta en una profecía autocumplida.
A unos 85 días del 3 de noviembre, los abogados ya están en los tribunales organizando ataques preventivos y preparándose para los enfrentamientos más considerables y perniciosos que probablemente surjan. Al igual que la campaña de Trump, la de Joe Biden y su red de grupos demócratas de apoyo están equipándose con abogados, y los demócratas están analizando los peores escenarios, que incluyen cómo responder si Trump se declara victorioso de manera prematura o envía autoridades federales a los bastiones del partido como una táctica de intimidación.
La batalla que se está gestando es la versión más reciente de la prolongada controversia sobre el derecho al voto, definida por la idea de que una mayor participación aumentará las posibilidades del Partido Demócrata. Los republicanos, al abrigo de afirmaciones cuestionables o infundadas acerca de un fraude generalizado, están intentando frenar medidas que faciliten que más personas voten, y los demócratas están presionando con mayor fuerza que nunca para garantizar el acceso a las boletas electorales y ampliar el electorado.
No obstante, el enfrentamiento se ha complicado en gran medida este año debido al desafío que representa celebrar unas elecciones a nivel nacional en medio de una pandemia mortal, cuando existe una mayor dependencia de las votaciones por correo, proceso que podría demorar el recuento de modo que el día de las elecciones se convierta en la semana o el mes de las elecciones. Además, el ambiente se ha visto exacerbado por un presidente que ya empieza a usar palabras como “golpe de Estado”, “fraude” y “contaminadas” para deslegitimar las elecciones incluso antes de que ocurran.
La batalla se está desarrollando en dos terrenos: la definición de las reglas acerca de cómo se realizarán las votaciones y la preparación para las peleas con respecto a cómo deberán contarse los votos e impugnar los resultados.
“La gran crisis electoral se origina por la posibilidad de que cientos de miles de boletas no se cuenten en estados decisivos sino hasta una semana o más después de las elecciones”, señaló Richard Pildes, académico constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Pildes afirmó que, si el candidato que lleve la ventaja la noche de las elecciones termina por perder más adelante, habrá sospechas, teorías de conspiración y polarización.
“No me cabe duda de que la situación será delicada”, comentó.
Ya han surgido algunos puntos conflictivos:
- — Un servicio postal deficiente desde hace mucho tiempo que ahora dirige un megadonador de Trump y que al parecer está abrumado por la perspectiva de tener que entregar decenas de millones más de votos emitidos por correo con un gobierno que se rehúsa a proporcionar un financiamiento bastante más considerable.
- — La inquietud entre los demócratas de que Trump o el fiscal general William Barr puedan usar su cargo para encender alarmas lo suficientemente sonoras acerca de un fraude electoral como para que los funcionarios estatales y locales que los apoyan ralenticen o pongan obstáculos a los resultados adversos.
- — La controversia acerca de si las boletas enviadas por correo deben contarse solo si se reciben a más tardar el día de las elecciones o si basta con que tengan matasellos del día de las elecciones o anterior, además de qué hacer si la oficina de correos no coloca ningún matasellos.
- — Las discusiones relacionadas con el uso de buzones para devolver las boletas y el número de casillas para votaciones presenciales en medio de los riesgos de contraer la enfermedad.
- — Las peleas acerca de si se necesitarán testigos para la votación en ausencia en un momento de distanciamiento social y qué hacer si las firmas no coinciden con las que hay en el expediente.
Los demócratas y sus aliados, liderados por Marc Elias, el asesor jurídico del Comité Nacional Demócrata, están intentando aumentar las alternativas para votar, sobre todo mediante votaciones por correo. Tienen litigios activos en muchos estados en disputa a fin de que haya una mayor flexibilidad en las fechas límite, las firmas y la necesidad de testigos, entre otras cosas.
Los republicanos mencionaron que sus luchas en los tribunales tienen por objeto evitar que los demócratas cambien las reglas a mitad de la contienda.
“La gente lo considera un ataque a las votaciones por correo”, señaló Justin Riemer, abogado en jefe del Comité Nacional Republicano. Pero, de hecho, “en general se trata de proteger las garantías que están vigentes”, afirmó.
Trump, quien también hizo aseveraciones infundadas acerca de un fraude en las elecciones de 2016 a pesar de haber ganado, ha señalado que no dudará en recurrir a los tribunales después del día de las elecciones si no le gusta el resultado. A diferencia de lo sucedido en el año 2000, cuando el Departamento de Justicia se quedó casi por completo al margen, ahora a los demócratas les preocupa que, si Trump pierde, Barr interfiera con demandas civiles, investigaciones o declaraciones públicas que pongan en duda el resultado. Y algunos demócratas dicen que no están seguros de que cómo respondería Trump, con la presidencia en juego, a una sentencia judicial en su contra.
Algunos demócratas manifiestan incluso temor de que Trump envíe agentes federales a las calles, como lo hizo las semanas recientes en Portland, Oregon. Los demócratas tienen planes de acción en caso de que, poco antes de las elecciones, Trump despliegue oficiales de inmigración en los vecindarios de latinos con el fin de intimidar a los ciudadanos para inhibir su participación.
“Es una preocupación enorme”, comentó Alex Padilla, secretario de estado de California.
Los asesores de Trump desestiman esa narrativa como mensajes partidistas acalorados. Justin Clark, subdirector de campaña del presidente, señaló que estados como California y Nevada, que están intentando ampliar la votación por correo en estos momentos, eran los que estaban preparando el terreno para unas elecciones caóticas.
“Apresurarse a implementar votaciones por correo universales propicia retrasos en el recuento, en los resultados e incertidumbre acerca de quién es el ganador de las elecciones”, comentó.
El equipo de Trump también ha intentado bloquear otro pilar de las votaciones en ausencia: el buzón. En 2018, en Colorado, uno de los cinco estados que vota casi totalmente por correo, el 75 por ciento de las boletas fueron devueltas a través de un buzón o en una casilla. En Pensilvania, la campaña de Trump presentó una demanda contra la ampliación del uso de buzones, una jugada que ha inquietado a los funcionarios electorales de todo el país.
Algunos demócratas señalaron que estaban menos preocupados por la interferencia directa de Trump o de Barr, pero afirmaron que estos podrían usar su cargo para presionar a los funcionarios estatales o locales que los apoyan para que intercepten los votos y a la vez promuevan una narrativa que debilite la credibilidad de un recuento de votos que no favorezca al presidente.
“El presidente tiene muy poca autoridad, si es que tiene alguna, sobre cómo se llevan a cabo las elecciones”, comentó Elias, el abogado demócrata. “El poder de Trump radica en que no tiene vergüenza y esa falta de vergüenza ha contaminado todo su partido político”.
No podemos imaginar al partido de George Bush, ni al de John McCain, ni al de Mitt Romney, ni siquiera al de Reince Priebus, diciendo en voz alta las cosas que Donald Trump pregona todos los días o cada semana en Twitter, en el Despacho Oval y en el Jardín de las Rosas”.
Ante la perspectiva de un recuento ampliado y confuso que se prolongue hasta mucho después del día de las elecciones, se está prestando mayor atención a las fechas límite establecidas por la legislación federal. Según la llamada disposición de refugio, los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver los conflictos por los resultados, lo que significa que tienen solo cinco semanas, el mismo plazo que hizo que se suspendiera el recuento de Florida en el año 2000 cuando George W. Bush iba a la cabeza.
El senador republicano de Florida Marco Rubio, con el argumento de un posible “escenario de pesadilla para nuestro país”, introdujo el jueves una legislación para ampliar la fecha límite al 1.° de enero, lo que les otorgaría a los estados tres semanas y media más para realizar el recuento. El Colegio Electoral se reuniría el 2 de enero en vez del 14 de diciembre, aún a tiempo de proporcionar sus resultados al Congreso para que ratifique el resultado el 6 de enero, como está programado.
Al final, podría depender de lo estrecho que en realidad sea el margen.
Si “es evidente que uno u otro candidato tiene una clara mayoría en el Colegio Electoral, entonces no creo que haya mucho que pueda hacer Trump si él es el perdedor, excepto quejarse”, señaló Trevor Potter, presidente de Campaign Legal Center y expresidente de la Comisión Federal Electoral. “Pero si el margen es estrecho, entonces creo que existe la posibilidad de que haya muchos percances”.
Autores: Peter Baker, Nick Corasaniti, Michael S. Schmidt and Maggie Haberman