Desde que Breonna Taylor fue despertada por la noche y asesinada a tiros por la policía dentro de su propia casa, la ciudad de Louisville, Kentucky, ha prohibido las órdenes de allanamiento forzoso.
Un jefe de policía fue despedido, al igual que un oficial que estuvo en la escena del asesinato. Pero a pesar de las exigencias realizadas por todo el país, nadie fue declarado culpable de la muerte de Taylor.
El 23 de septiembre, el fiscal general de Kentucky anunció cargos mucho menos graves de “poner a alguien en peligro con agravantes” contra uno de los oficiales involucrados en la redada, y ninguno contra los dos que le dispararon a Taylor seis veces.
La falta de una acusación formal por asesinato u homicidio involuntario fue indignante para muchos, pero no fue una sorpresa.
Pocos agentes policiales son acusados de asesinato u homicidio involuntario cuando causan una muerte durante su trabajo, y solo alrededor de un tercio de esos agentes son condenados.
Aún con decenas de miles de estadounidenses protestando por la brutalidad policial y exigiendo reformas al sistema de las fuerzas de seguridad, sigue existiendo una brecha enorme entre la percepción pública de la violencia policial y cómo se le trata en los tribunales.
En el caso contra los policías de Minneapolis acusados de matar a George Floyd, cuya muerte capturada en video conmocionó a la nación y fue denunciada casi de manera universal, el fiscal general Keith Ellison advirtió sobre la dificultad de llevar a juicio a los oficiales.
“Juzgar este caso no será fácil. Ganar una condena será difícil”, dijo Ellison en junio, incluso mientras anunciaba que elevaría uno de los cargos contra uno de los oficiales, Derek Chauvin, a asesinato en segundo grado. “La historia muestra que hay desafíos claros en estos casos”.
Las protecciones sindicales que escudan a los policías de investigaciones oportunas, los estándares legales que les dan el beneficio de la duda, y una tendencia a tomar las palabras de los oficiales como ciertas han aportado al hecho de que existan pocas condenas y poco tiempo en prisión para los oficiales que han matado personas. Además de eso, la mala conducta y el mal juicio no siempre equivalen a criminalidad.
Aunque las leyes varían por estado, a los oficiales se les permite por lo general el uso de la fuerza letal si perciben razonablemente un peligro inminente. Este es un estándar que ha sido criticado por ser demasiado subjetivo y propenso al prejuicio racial.
“La policía sabe qué decirle a un jurado y a un juez para convencerlos de que actuaron bajo un miedo razonable”, afirmó Kate Levine, profesora de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo en Nueva York. “Incluso si hay otros testigos, esos testigos simplemente no obtienen la misma cantidad de determinación de credibilidad por parte de los fiscales, los jueces y los jurados”.
Los agentes de la ley matan a alrededor de 1000 personas al año en todo Estados Unidos. Desde principios de 2005, 121 oficiales han sido arrestados por cargos de asesinato u homicidio involuntario por muertes causadas durante el servicio, según datos recolectados por Philip M. Stinson, profesor de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio. De los 95 agentes cuyos casos han sido cerrados, 44 fueron condenados, pero casi siempre por un cargo menor, afirmó Stinson.
Entre las condenas hay casos como el del asesinato de Laquan McDonald en Chicago, por el que Jason Van Dyke fue sentenciado a casi siete años de prisión, y el del asesinato de Justine Damond en Minneapolis, por el que Mohamed Noor fue condenado a 12,5 años.
Muchos oficiales que eludieron condenas penales han sido despedidos, como tres de los otros oficiales involucrados en el caso de McDonald, y Daniel Pantaleo, quien le aplicó una llave de estrangulamiento a Eric Garner en Staten Island, Nueva York.
En fechas más recientes, los agentes involucrados en las muertes de Floyd en Minneapolis y Rayshard Brooks en Atlanta han sido rápidamente acusados de homicidio. El caso de Brooks en particular parece reflejar un cambio en los estándares; debido a que Brooks tomó y disparó la pistola eléctrica de uno de los oficiales antes de que lo mataran, varios expertos afirmaron que dudaban que se hubieran presentado cargos si ese incidente hubiera ocurrido antes de la ola de protestas y el escrutinio policial por la muerte de Floyd.
Sin embargo, dos casos no prueban que los fiscales ahora estén más dispuestos —o hayan cedido a una presión mayor— a responsabilizar penalmente a los policías. Stinson dijo que cualquier repunte de este tipo es, hasta el momento, insignificante a nivel estadístico. Varias investigaciones de asesinatos policiales con el mismo perfil alto no han terminado en acusación.
Ahora que los llamados al cambio se multiplican cada vez más, unos cuantos estados han intentado facilitar el proceso para que los agentes sean responsabilizados por sus actos.
El mes pasado, en el estado de Washington, un oficial fue acusado de asesinato gracias a una ley de 2019 que eliminó un requisito que obligaba a los fiscales a tener que probar que un oficial había actuado con “malicia”. Luego de que la muerte de Stephon Clark en el patio trasero de la casa de su abuela en Sacramento no generó cargos penales contra los agentes, California ajustó su estándar de uso de la fuerza de “razonable” a “necesario”.
Sin embargo, las situaciones en las que la policía se enfrenta a un individuo armado siempre son difíciles de juzgar.
En un caso como el de Taylor, por ejemplo, el hecho de que su novio, Kenneth Walker, le disparara a la policía primero importó más —bajo la ley penal— que cualquier decisión errónea o mal trabajo policial que haya llevado a los oficiales a derribar su puerta en principio.
“Entiendo por qué la gente está sorprendida. Las circunstancias que llevaron a la muerte de la señorita Taylor fueron prevenibles e inaceptables en cuanto a la manera en que la policía la trató a ella y al señor Walker esa noche”, afirmó Taryn Merkl, abogada principal del Centro Brennan para la Justicia y ex fiscal federal.