El gobierno de Joe Biden tiene una oportunidad para restaurar las protecciones laborales básicas de las personas que entregan nuestros víveres y conducen para UBER y LYFT.
Una de las cadenas de supermercados más grandes del país, Albertsons, anunció este mes que remplazaría a muchos de sus conductores de entregas a domicilio por contratistas independientes que trabajan para el servicio de reparto DoorDash. Esos contratistas no recibirán las importantes protecciones laborales que se han proporcionado a los empleados de tiempo completo que van a reemplazar.
Durante años, las empresas y los legisladores han debatido si los llamados “empleados de la economía colaborativa”, como las personas que conducen los autos para la aplicación Uber o entregan comida para la compañía DoorDash, deben tener derecho a beneficios como el salario mínimo y el seguro de desempleo. Sin embargo, a raíz de una propuesta de votación en California aprobada en noviembre y una norma que acaba de ser publicada por el gobierno de Donald Trump, parece que la erosión de las protecciones laborales está avanzando de manera agresiva.
Cuando surgió la economía colaborativa durante los años de gobierno de Barack Obama, parecía novedosa. Compañías como Uber usaban software para asignar encargos a trabajadores independientes que fijaban sus propios horarios. Una importante salvedad: como contratistas independientes, estos trabajadores no obtendrían las protecciones salariales tradicionales, la compensación para los trabajadores, el seguro médico ni los beneficios de desempleo. Sin embargo, eso no detuvo la rápida expansión de la economía colaborativa.
En 2019, los legisladores de California trataron de mejorar la vida de los trabajadores de la economía colaborativa, al aprobar una ley que requería que las empresas trataran a este tipo de trabajadores como empleados. En respuesta, las empresas gastaron 200 millones de dólares en la promoción de la Propuesta 22, una iniciativa de votación estatal que afirmó la clasificación de los trabajadores colaborativos como contratistas por parte de las empresas y, al mismo tiempo, consagró protecciones limitadas.
Esta categoría de trabajo híbrido provino de una fuente inesperada. En 2015, Seth Harris y Alan Krueger, economistas laborales del gobierno de Obama, ofrecieron argumentos en contra de dar a los trabajadores colaborativos un estatus de empleado. En su lugar, propusieron un consenso: los trabajadores colaborativos podrían recibir algunos derechos, como la retención de impuestos y el derecho a organizarse, pero no otros, como el salario mínimo y el seguro de desempleo.
No obstante, a investigadores como nosotras, que hemos documentado las condiciones de explotación del trabajo colaborativo, nos preocupaba que este enfoque perjudicara a un grupo mucho más grande de trabajadores de servicios, como lo hará la decisión de Albertsons.
Los trabajadores de aplicaciones necesitan las mismas prestaciones que los trabajadores tradicionales, incluyendo el pago por el tiempo entre encargos, los beneficios de desempleo y el derecho a organizarse. La pandemia, que empeoró enormemente las condiciones de los repartidores y los “compradores” (las personas que se encargan de empacar los pedidos de abarrotes), ha expuesto lo vital que son las protecciones básicas para los trabajadores vulnerables.
En una investigación en curso con colegas de la Universidad del Noreste, una de nosotras, la doctora Schor, analizó una plataforma de entrega que convirtió a sus trabajadores de California en empleados antes de la aprobación de la ley de 2019. Tanto la alta gerencia como la media dijeron que les parecía positivo el cambio y citaron la mejora de los rendimientos y el aumento de la productividad que compensaron, en parte, los costos de las protecciones laborales.
En una investigación etnográfica sobre los conductores de los servicios de transporte privado Uber y Lyft, Dubal encontró que, contrariamente a las promesas de libertad y flexibilidad de las empresas, los conductores de larga data se sienten atrapados en horarios de trabajo agotadores y controlados por sus jefes algorítmicos. Notablemente, estos hallazgos socavan los argumentos de Uber y Lyft en contra de otorgar el estatus de empleado.
Como un mal presagio para los trabajadores de fuera de California, Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, ha prometido apoyar esfuerzos similares a la Propuesta 22 en otros lugares. Lyft, su rival, está detrás de comités de acción política que apoyarán a los candidatos que protejan su modelo de negocio. Shawn Carolan, un inversor de capital de riesgo cuya empresa ha invertido en Uber, ha escrito que el modelo de la Propuesta 22 debería extenderse a otras industrias, como la educación, la atención de la salud y la programación informática, lo cual aumentaría el número de estadounidenses que trabajan sin una red de seguridad ni ganancias predecibles.
En cierto sentido, las empresas de la economía colaborativa se han movido en paralelo con Washington. El Departamento del Trabajo de Trump publicó este mes una norma, que entrará en vigor en marzo, la cual facilitará que las empresas designen a sus trabajadores como contratistas independientes.
No obstante, la administración entrante de Joe Biden puede revertir la norma. Además, en colaboración con el Congreso, puede crear una iniciativa para dignificar el trabajo con empresas de aplicaciones llamándolo como se debe: empleo.
El gobierno de Biden puede terminar la batalla de estado por estado, sector por sector, por los derechos básicos de los trabajadores. Puede aclarar que las exenciones de las leyes laborales y de empleo violan la Ley de Normas Justas Laborales, invalidando así la Propuesta 22.
Marty Walsh, el candidato de Joe Biden para secretario del Trabajo, también puede solicitar la revocación de una carta del gobierno de Trump de 2019 que clasifica a los trabajadores colaborativos como contratistas. Tal vez lo más importante es que el gobierno de Biden podría trabajar para obtener la aprobación de la Ley de Protección al Derecho a la Organización, que permitiría a los trabajadores organizarse en sus lugares de trabajo.
A medida que la desigualdad alcanza niveles récord, la categoría de trabajador híbrido amenaza el futuro de todos los trabajadores de servicios. Con el aumento de iniciativas progresistas con el fin de abordar la desigualdad racial y económica, el gobierno de Biden debería ampliar las protecciones para todos los trabajadores y no permitir que se erosionen para millones más.