Altos exfuncionarios, banqueros, empresarios, y abogados están siendo procesados por presunta corrupción y blanqueo de capitales.
La audiencia preliminar del caso Blue Apple se reanudó este viernes, en su segundo día, y es el turno para que los abogados defensores presenten sus alegatos ante los argumentos vertidos por la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público.
Similar al juicio oral que se ventila contra el expresidente Ricardo Martinelli, este caso ha acaparado los reflectores de los medios de comunicación y la opinión publica por la supuesta trama de corrupción orquestada para hacerse con millones de dólares en presuntos sobornos de contratos suscritos en obras de infraestructuras en el país.
En este proceso judicial que lleva tres años y 11 meses de investigación, la fiscalía del Ministerio Público está pidiendo llamamiento a juicio para 51 personas, entre las que figuran exfuncionarios de alto perfil de la administración gubernamental (2009-2014), entre ellos exministros, también abogados, empresarios y personas naturales.
Estas personas están siendo procesadas por los delitos de corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita para delinquir, blanqueo de capitales y contra la fe pública.
Desde que se inició la investigación en septiembre de 2017, el Ministerio Públicos confirmó que solo pudo recuperar 32 millones de los más de 82 millones que se estima, se utilizaron para blanqueo de capitales. Es decir, que al menos unos 50 millones están en paradero desconocido.
Ayer, en su primer día de audiencia, se presentaron, durante dos horas, los alegatos de los fiscales superiores Aurelio Vásquez y Adecio Mojica de la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción. Previo a esto la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, negó varios incidentes presentados por parte de los abogados defensores.
La causa penal está relacionada a la sociedad Blue Apple Services creada por varios exfuncionarios con el propósito de presuntamente blanquear el dinero que recibían, pagados como sobornos y que provenían de fondos del Estado, por parte de constructoras que realizaban proyectos con el gobierno nacional en el período 2010-2014, para lo que además, utilizaban el sistema bancario local e internacional.
La juez Marquínez, una vez culminada la audiencia preliminar se acogerá al término de 24 horas para decidir si llama a juicio a estas personas como lo ha solicitado el Ministerio Público.