El conflicto político con los talibanes no debe castigar a la población civil. Es urgente que la comunidad internacional promueva acuerdos multilaterales para estabilizar la economía y financiar los servicios públicos.
Si el dinero no comienza a fluir pronto, Afganistán podría sufrir una catástrofe.
Hace unas cuantas semanas viajaba por Kabul. La ciudad se sentía completamente distinta de la que vi en mi última visita, en 2019, y no solo porque por fin había concluido una guerra de 20 años. La economía está fuera de control. A menos que pronto comience a fluir el dinero, un derrumbe económico total sumirá a los afganos en una catástrofe humanitaria.
La desesperación es evidente en todas partes. Un grupo de madres con quienes me senté a conversar en tiendas improvisadas me dijeron que sus familias no tienen ningún ingreso y tampoco reservas, así que les preocupa que sus hijos se mueran de hambre y frío este invierno.
Me reuní con maestros, trabajadores de la salud e ingenieros del agua que no han recibido ningún pago desde mayo. Ya no pueden mantener a su familia ni conservar en funcionamiento servicios públicos vitales. Sin bancos abiertos y sin liquidez, los ciudadanos comunes y corrientes no tienen acceso a sus ahorros ni cuentan con medios para subsistir.
Cuando los talibanes derrocaron el gobierno de Afganistán en agosto, el país en un instante perdió acceso a más de 9000 millones de dólares en reservas del banco central, congelados por el gobierno de Biden. Esta medida generó conmoción en todo el sistema bancario, en respuesta a la cual los nuevos dirigentes talibanes aplicaron medidas de control de capital. A su vez, estas medidas dispararon un efecto dominó letal que culminó con el cierre de los bancos y la paralización de la vida económica.
El conflicto político con los talibanes no debe castigar a la población civil. Es urgente que la comunidad internacional promueva acuerdos multilaterales para estabilizar la economía y financiar los servicios públicos. Para lograrlo, es necesario encontrar canales seguros de pago para hacer fluir la ayuda y proteger las acciones humanitarias de las sanciones internacionales y otras medidas para evitar el financiamiento de actividades terroristas.
Nuestra organización, el Consejo Noruego para Refugiados, es una de las tantas que intentan ofrecer ayuda en este ambiente nuevo y complejo. No hemos podido trasladar de manera segura fondos de ayuda al país que podrían utilizarse para comprar suministros urgentes para las familias que temen quedarse sin techo y comida este invierno. La crisis bancaria provocó el cierre de varios bancos afganos, y muchos otros operan con capacidad limitada. Esta situación nos dificulta hacerles llegar pagos a nuestros empleados y proveedores en Afganistán. Por eso, nos vemos forzados a comprar tiendas, cobijas y alimentos en el vecino Pakistán.
Ahora, imagínense a todos los patrones de Afganistán en este mismo dilema.
Además de la emergencia de liquidez, se congeló el financiamiento de donadores, lo que ha contribuido a paralizar los servicios públicos. Alrededor del 75 por ciento del gasto público de Afganistán se había financiado desde hace algunos años con ayuda del exterior. Este salvavidas casi ha desaparecido porque la comunidad internacional no logra comprender cómo trabajar con un gobierno encabezado por los talibanes y cuyos ministros están incluidos en listas internacionales de sanciones.
Es necesario lanzar urgentemente mecanismos nuevos para entregar pagos directos a cientos de miles de servidores públicos municipales y estatales haciéndoles llegar los fondos congelados por el Banco Mundial a través de agencias de las Naciones Unidas. Hice notar esta situación en una carta a los dirigentes de las Naciones Unidas y el Banco Mundial en la que insté a esas autoridades a tomar medidas. Mi propuesta es que se establezcan fondos en fideicomiso administrados por las Naciones Unidas para efectuar pagos directamente a los empleados públicos. Puesto que los recursos están en manos del Banco Mundial y los canales de confianza de las Naciones Unidas ya están disponibles en el país, este tipo de transferencias podrían establecerse con rapidez.
Necesitamos ser más ingeniosos y pensar en opciones para que los bancos puedan volver a abrir sus puertas y los servicios sociales se restablezcan.
El Banco Mundial suspendió fondos por 600 millones de dólares que constituyen la columna vertebral del sistema de salud del país. Si los médicos y el personal de enfermería no reciben sus pagos, los hospitales tendrán que cerrar sus puertas. La alianza recién formada entre grupos de asistencia claves con el propósito de abordar la crisis sanitaria es un paso en la dirección correcta. Cuatro agencias suscribieron un acuerdo especial para establecer mecanismos que permitan la entrega directa de financiamiento a hospitales y clínicas en Afganistán, pero no será suficiente. Los grupos de asistencia no tienen la capacidad necesaria para cubrir los enormes huecos que persisten en el sistema de salud.
También necesitamos instrumentos financieros a través de los cuales los donadores puedan reunir grandes cantidades de ayuda humanitaria, que nos ayuden a sortear las complejas sanciones y restricciones internacionales que dificultan hacerles llegar nuestra ayuda a las personas que más la necesitan.
Incluso antes del más reciente cambio político sísmico en Afganistán, el país enfrentaba una terrible crisis humanitaria. Más de 18 millones de personas necesitaban con urgencia ayuda humanitaria. Unos 3,5 millones de afganos experimentaron desplazamientos internos. La falta de lluvia provocó un aumento en los niveles de hambre (una de cada tres personas no sabía dónde iba a obtener sus siguientes alimentos).
Algunos países y actores individuales han dado a entender que los talibanes deben cumplir ciertas condiciones a cambio de los fondos. En nuestro carácter de organización humanitaria, no nos parece bien condicionar la entrega de fondos. No nos corresponde adoptar posturas con respecto a problemas políticos ni ofrecer soluciones políticas a la crisis actual. Necesitamos que la comunidad internacional se dé cuenta de la urgencia de la situación: la crisis económica tan solo exacerbará las necesidades humanitarias.
Les comuniqué a los líderes talibanes con quienes me reuní en Kabul que, para que la acción humanitaria sea lo más eficaz posible, necesitamos que nuestros colegas, independientemente del género, gocen de los mismos derechos, y que es igual de importante para los niños que para las niñas poder ir a la escuela. En la mayoría del territorio, nos han ofrecido garantías orales de que así será, y mantendremos la presión sobre los talibanes para que se respeten los principios humanitarios y podamos llegar a quienes más lo necesitan.
La victoria en nuestra carrera contrarreloj para ampliar la ayuda antes de la llegada del invierno dependerá no solo de la disposición de los talibanes para traducir sus palabras en obras, sino también de la comunidad internacional.
Billones de dólares se gastaron durante las dos décadas pasadas en la guerra de Afganistán que tuvo un final monumental cuando Estados Unidos evacuó y abandonó a su suerte a unos 40 millones de personas. Si bien el rápido cambio de poder tomó a muchos por sorpresa, la comunidad internacional no puede quedarse sin hacer nada mientras ve derrumbarse a este país.
Debemos evitar el desmoronamiento económico de Afganistán, sin importar quién tenga control sobre su territorio. De lo contrario, millones de niños, mujeres y hombres afganos pagarán el precio más alto.
Este artículo apareció originalmente en The New York Times.
