A pesar de sus relaciones amistosas con los militares, Bolsonaro parece carecer del apoyo institucional que necesitaría para dar un golpe de Estado exitoso. Y si pierde por un amplio margen, tal vez llegue a la conclusión de que es más prudente aceptar el resultado que intentar anularlo.
El domingo, los brasileños acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente. Pero durante meses, la interrogante que se ha apoderado del país no ha sido quién ganará, sino si Jair Bolsonaro, el actual presidente del país, dará un golpe de Estado si pierde.
Bolsonaro, que va de último en las encuestas, ha hecho todo lo posible para sembrar dudas sobre la validez de las elecciones de Brasil, al alegar, por ejemplo, que las máquinas de votación electrónica del país serán manipuladas para inclinar el voto a favor de su oponente de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de sus relaciones amistosas con los militares, Bolsonaro parece carecer del apoyo institucional que necesitaría para dar un golpe de Estado exitoso. Y si pierde por un amplio margen, tal vez llegue a la conclusión de que es más prudente aceptar el resultado que intentar anularlo.
Pero muchos siguen preocupados por la posibilidad de un levantamiento violento por parte de sus partidarios, similar al que experimentó Estados Unidos el 6 de enero de 2021, pero quizás a mayor escala.
Y eso ha llamado la atención sobre el papel potencialmente significativo que tendría la fuerza policial de Brasil en algún levantamiento poselectoral. Si se producen disturbios masivos, se llamaría a la denominada policía militar del país, una fuerza de aproximadamente 500.000 oficiales, para restablecer el orden. La policía militar está separada de la policía federal, una fuerza más pequeña que está bajo el mando del Ministerio de Justicia. A pesar de su nombre, las fuerzas de la policía militar están bajo el mando de los gobernadores estatales y no de las fuerzas armadas.
Bolsonaro lleva años cultivando su apoyo.
Controlar la crisis, ¿o no?
Puede ser fácil olvidar que la policía es un actor político. Los militares y los tribunales superiores tienden a recibir mucha atención cuando se especula sobre si los golpes de Estado podrían ser inminentes o no. La policía, por el contrario, suele ser vista como un grupo de funcionarios municipales de bajo nivel, importantes cuando se trata de cuestiones de orden público cotidiano, pero no quienes deciden sobre cuestiones de supervivencia democrática.
Eso tal vez sea razonable cuando se trata de golpes de Estado tradicionales, que casi siempre requieren el control de las fuerzas armadas para tener éxito y, a menudo, también recurren a los tribunales superiores para reforzar su legitimidad. (Hay una razón por la que los “golpes militares” son más habituales que los “golpes policiales”).
Pero los disturbios, los levantamientos populares y otras formas de disturbios masivos son diferentes de los golpes tradicionales. La policía suele ser la primera línea de respuesta a este tipo de acciones colectivas. Y eso les da un tremendo poder para afectar los resultados, por una simple razón: pueden decidir si se presentan o no.
En la revuelta de Ucrania en 2014, por ejemplo, se produjo un momento decisivo cuando la policía antidisturbios del país, después de haber perdido la fe en la capacidad del gobierno para protegerlos del enjuiciamiento u otras consecuencias, se negó a desalojar a los manifestantes de la plaza que habían ocupado en la capital. Su abandono del gobierno resultó ser un punto de inflexión, y este colapsó poco después.
Durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, por el contrario, la acción decisiva de la policía del Capitolio protegió a los miembros del Congreso y a su personal, y al final logró controlar los disturbios.
‘Ellos pisaron un freno’
En Brasil, Bolsonaro ha pasado años buscando apoyo entre los oficiales de la policía militar del país, unidades fuertemente armadas que alguna vez, durante los años de la dictadura del país, formaron parte de las Fuerzas Armadas, pero que ahora reportan a los gobernadores civiles, dijo Yanilda María González, politóloga de la Universidad de Harvard que estudia a la policía en las Américas. Eso ha generado preocupaciones de que la policía podría respaldar a Bolsonaro en un intento de golpe, se niegue a actuar contra un levantamiento de sus partidarios o se declare en huelga si su oponente resulta ganador.
Adilson Paes de Souza, un teniente coronel retirado de la policía militar que ahora es investigador en psicología policial, dijo que cree que la policía militar, como individuos, en su mayoría apoya a Bolsonaro. Pero el apoyo personal no significa necesariamente que la policía como institución participaría o se negaría a intervenir en un levantamiento o golpe después de las elecciones.
Durante el último año, las autoridades estatales han tomado medidas para reprimir la actividad política de la policía, a quienes se les prohíbe hacer declaraciones políticas en público. En agosto de 2021, por ejemplo, el gobernador de São Paulo despidió a un comandante de policía que había publicado un llamado público en Facebook para que la gente asistiera a un mitin de Bolsonaro el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. Esa misma semana, los gobernadores estatales del país plantearon en una reunión el tema del apoyo policial a Bolsonaro y reiteraron la importancia de asegurarse de que se mantuvieran dentro de los límites legales y constitucionales.
El Supremo Tribunal Federal también ha sido claro respecto a su negativa de cooperar con ningún intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro o sus partidarios. El tribunal ha ampliado considerablemente sus propios poderes en los últimos años, una iniciativa para contrarrestar a Bolsonaro, aunque muchos expertos ahora advierten que los esfuerzos del tribunal han tomado un giro autoritario, socavando la legitimidad de una institución crucial en la democracia brasileña.
Paes de Souza dijo que hasta el año pasado se había sentido “totalmente seguro” de que, si el líder de extrema derecha intentaba un golpe de Estado, la policía lo acompañaría. Pero después del rechazo institucional de los gobernadores y otros, tiene más confianza en que la democracia prevalecerá. “Las autoridades ante estas situaciones han despertado. Y actuaron como instituciones democráticas”, me dijo Paes de Souza. “Dijeron: ‘Detente’. Pisaron un freno”.
Pero si ese sistema de frenos falla, las consecuencias podrían ser catastróficas.