En 1984, tras la aprobación de las reformas constitucionales, promovidas en 1983 por el presidente Ricardo de la Espriella, con la oposición presente, se fijaron las primeras elecciones desde el golpe militar de 1968 para presidente de la República y conformar el Órgano Legislativo.
En esa elección fraudulenta que llevó al poder al candidato de los militares, Nicolás Ardito Barletta, en perjuicio del Arnulfo Arias, el PRD logró robarse 16 curules. Una muy simbólica, en Darién, donde al no poderla escamotear, declararon empate entre el perredista Pedro Brin Martínez y el opositor Abraham Pretto que, por supuesto, no acudió a la elección de desempate. Se sabía con antelación su resultado.
Fui el último en recibir mi credencial como legislador en 1984, habiendo quedado el Partido Demócrata Cristiano con un medio cociente, en el circuito 8-9, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Juan Díaz.
Un compañero de papeleta, José Chen Barría, me contó que se le acercaron para decirle que él sería mejor visto por los militares, que yo como integrante de la Asamblea. Los mandó a freír espárragos. Pienso que, gracias a que dos magistrados del Tribunal Electoral, César Quintero y Rolando Murgas, antiguos profesores, que trabajaban conmigo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el deseo de los militares de quitarme mi curul, no pudo concretarse. Presidía ese tribunal la no muy bien recordada, Yolanda Pulice.
En 40 años las cosas han cambiado. Al principio para mejor, pero en los últimos años para peor, sobre todo en lo relativo a la integración del Órgano Legislativo y la calidad de sus miembros y, por supuesto, de la prácticamente inexistencia de debate entre sus integrantes y el abandono del rol fiscalizador que debe tener la Asamblea.
Al margen de los fraudes, en 1984 había gente valiosa del PRD y el PALA, los dos oficialistas, y del Panameñismo, el Molirena y el Liberal. Por los demócratas cristianos estuvimos Raúl Ossa, Carlos Arellano Lennox, Bertilo Mejía, Jorge Montemayor y yo.
A pesar de que los opositores, por todo el fraude hecho, solo éramos 19, en esa inicial Asamblea Legislativa hubo mucho debate y discusiones profundas.
Las transmisiones de las sesiones, a través de Radio Nacional, eran seguidas muy de cerca por la población. Era la primera vez desde 1968 en que la oposición alzaba su voz, sin consecuencias de censura y persecución.
Los medios de comunicación podían entrevistarnos sin temor a represalias. Supuestamente vivíamos una democracia como consecuencia del cumplimiento del compromiso internacional del general Torrijos de entregar el gobierno a los civiles tras firmarse los tratados canaleros, replegando a los militares a los cuarteles.
Esa decisión democratizadora del general Torrijos, fue violentada por sus sucesores, Rubén Darío Paredes y Manuel Antonio Noriega, y solo respetada por quien lo reemplazó tras su muerte, coronel Florencio Flores, que duró en el cargo seis meses, tras ser obligado a renunciar.
En esa Asamblea aprobamos por consenso buenas leyes. Solo contábamos con $4,000 mensuales para nombrar nuestros asistentes y el presupuesto de la Asamblea era menos de una quinta parte de lo que es hoy.
A pesar de la diferencia en números de oficialistas y opositores, fuimos una Asamblea productiva. Sí se dieron abusos, como las partidas circuitales a los oficialistas, que al llegar la democracia en 1989 tuvieron que rendir cuentas a la Contraloría General y muchos tuvieron grandes problemas, como aquel de Darién que vendió un barco que pertenecía al Estado.
Hoy todo está por el suelo. Se eligieron cinco independientes, pero solo tres, liderados por Juan Diego Vásquez, se han comportado como tales, denunciando innumerables irregularidades en todo lo que se hace en la Asamblea. Han proliferado los diputados millonarios, así como los que se les menciona en negocios ilícitos, hasta con narcotráfico.
Han convertido al Órgano Ejecutivo en un rehén de la Asamblea y en un hazmerreír de la población por sus posturas al servicio de los poderosos, tal como se comprobó en la discusión del contrato minero que tantos perjuicios generó.
A tan pocos días de la elección de mayo, cabe recalcar la importancia de escoger una Asamblea que actúe al servicio de lo mejor para el país. Que ponga los intereses colectivos sobre aquellos personales que han predominado en los últimos años en el actuar de la mayoría de sus integrantes.
El país necesita que se le respete, no solo desde la Asamblea, sino también desde el Ejecutivo y el Judicial.