Ábrego fue detenido en Maryland y enviado a El Salvador, donde ha sido recluido en la megacárcel construida por el autócrata Bukele
A la jueza federal Paula Xinis se le está acabando la paciencia con el gobierno de Donald Trump en el caso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado ignorando la orden judicial que impedía enviarlo a su país porque su seguridad corre peligro allí, informó la cadena británica BBC Mundo.
Ábrego se ha convertido en el centro de un pulso entre el poder Judicial y el Ejecutivo de Trump en torno a las dudas sobre la legalidad y la falta de garantías de su ofensiva contra la inmigración.
La jueza le ha dado al gobierno dos semanas para que presente pruebas de cómo esta intentando que Ábrego regrese a Estados Unidos y advirtió que “no habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo”. También indicó que en ese plazo decidirá si el gobierno está actuando de buena fe o si está incurriendo en desacato.
Ábrego fue detenido en Maryland y enviado a El Salvador, donde ha sido recluido en la megacárcel construida por el régimen del autócrata Nayib Bukele para albergar sospechosos de pertenecer a las bandas criminales y sobre la que pesan denuncias de hacinamiento y maltrato.
El gobierno de Trump recurrió la orden de la juez Xinis que le impuso hacer las gestiones necesarias para permitir su regreso a Estados Unidos y el Tribunal Supremo falló la semana pasada que la orden de Xinis era válida, por lo que el Ejecutivo debe “facilitar” la liberación de Ábrego.
Pero Bukele, de visita oficial el lunes en Washington dijo junto a Trump en el Despacho Oval que no tenía “el poder” para devolverlo a Estados Unidos y calificó como “terrorista” a Ábrego pese a que no tiene antecedentes criminales.
La jueza Xinis amonestó a los abogados del Departamento de Justicia: “Hasta la fecha, lo que indican los registros es que no se ha hecho nada”.
“Cancelen vacaciones, cancelen otras citas; espero que se pongan todas las manos a la obra”, dijo a los abogados del gobierno.
Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, dijo que las autoridades cumplirían con la orden del Tribunal Supremo de facilitar el regreso de Ábrego si se presenta en algún punto de entrada a Estados Unidos.
Pero poco después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo lo contrario.
Joseph Mazzarra, consejero del DHS, indicó en un documento judicial que Ábrego sería detenido de volver a intentar entrar en Estados Unidos. Entonces, el gobierno lo enviaría a otro país o le pediría a un juez de
Inmigración que revocara la protección concedida hace seis años a Ábrego.
El gobierno de Trump ha dado varias versiones sobre lo sucedido con Ábrego.
Primero indicó que su deportación se había debido a un “error administrativo”. También señaló que tenía vínculos con la banda criminal salvadoreña MS-13, lo que tanto sus abogados como su familia niegan.
El jefe de Gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes sobre su deportación que Ábrego “era la persona correcta enviada al lugar correcto”.
Ábrego es un trabajador de la industria metalúrgica y padre de familia salvadoreño que vivía en el estado de Maryland con su esposa y sus hijos hasta que, a mediados de marzo, fue detenido y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión de El Salvador.
De acuerdo con documentos judiciales, Ábrego llegó indocumentado a Estados Unidos en el 2011. Tenía 16 años.
Según su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg, llegó a país huyendo de las amenazas en su contra de las pandillas en El Salvador.
El joven salvadoreño fue liberado y desde entonces había vivido en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y el hijo de ambos.
Fue su mujer la que lo reconoció en un video del traslado al Cecot distribuido por el régimen de El Salvador y compartido por el propio Bukele en las redes sociales.