Ya se encuentra formalmente en condición de detenida, pero quedará eximida de comparecer en tribunales
La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien comenzará a cumplir en su domicilio una condena firme de seis años de prisión por corrupción, dictada en 2022 y ratificada recientemente por la Corte Suprema, informó la agencia EFE.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, firmó la resolución que otorga a la exmandataria, de 72 años, el cumplimiento de su pena en su casa del barrio porteño de Constitución, donde desde la semana pasada se congregan simpatizantes en señal de apoyo.
Según el fallo, Fernández ya se encuentra formalmente en condición de detenida, pero quedará eximida de comparecer en tribunales, como tenía previsto hacerlo este miércoles. La medida entró en vigor este mismo martes.
El magistrado impuso a la exmandataria una serie de condiciones, entre ellas la prohibición de abandonar su domicilio salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, debidamente justificadas. También deberá abstenerse de realizar conductas que perturben la tranquilidad del vecindario o alteren la convivencia en la zona.
Además, en un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar un listado con las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, profesionales médicos tratantes y sus abogados, quienes podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de autorización judicial previa.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervisará el cumplimiento de estas reglas y deberá presentar un informe trimestral ante la Justicia sobre el comportamiento de la expresidenta. Gorini también ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico.
La defensa de Fernández había solicitado que se le eximiera de esta medida por considerar que no existe riesgo de fuga y por tratarse de una figura pública que, a su juicio, no debería ser “humillada” en estas condiciones.
Cristina Fernández fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La sentencia se relaciona con irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Fernández y de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.