En plena cuenta atrás para las ‘midterm’ de noviembre, Donald Trump prepara su proyecto de Ley para salvar América que puede dejar a millones de ciudadanos sin su derecho a voto
Desde hace meses, el mantra más escuchado en las televisiones y radios conservadoras estadunidenses es el que arranca con la idea de que, si para entrar “a un bar o a un club o un aeropuerto” es necesario mostrar tu DNI o carné de identidad personal, lo lógico es que también tengas que hacerlo para poder votar, informa el diario El Mundo.
“No es nada descabellado, y de eso es de lo que deberíamos estar hablando”, afirmó, por ejemplo, el pasado domingo el fiscal general interino del país, Todd Blanche, intentando ganar puntos con el presidente Donald Trump. Y, desde luego, nada puede parecer más intuitivo y obvio, sobre todo a oídos de un europeo, para quien acudir a las urnas sin un documento oficial es algo completamente inconcebible.
Sin embargo, en política pocas veces las cosas son tan obvias como parece. Y algo aparentemente tan básico e innegociable como un carné de identidad personal está en el centro de una batalla política brutal y mucho más amplia, llena de maniobras, juego sucio y desinformación, una batalla con décadas de abusos, opresión y restricción de derechos civiles en la memoria. Una disputa que podría dejar sin opción de depositar su papeleta a millones de ciudadanos, especialmente afroamericanos, hispanos o mujeres casadas.
El primer martes de noviembre, Estados Unidos celebrará unas de las elecciones legislativas más importantes de las últimas décadas. Los estadunidenses tendrán que decidir si las dos cámaras del Congreso siguen en manos republicanas o si le dan a los demócratas una victoria crítica para poder empezar una oposición efectiva contra la administración.
En juego no están sólo escaños, presidencias de comités, las llaves de la agenda y los procedimientos, sino los recursos para frenar la apisonadora Trump y lanzar un torrente de investigaciones, llegando incluso a una nueva era de juicios políticos (impeachments).
En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad único, válido y obligatorio en todo el país. No existe, siquiera, un equivalente universalmente aceptado a nivel estatal. Se funciona con carnés de conducir, tarjetas de identificación o de residencia, números de la Seguridad Social o diferentes alternativas menos fiables, pero generalmente aceptadas.
Es el producto de un largo pulso sobre competencias para limitar el poder centralizado, pero también de una desconfianza histórica en la autoridad y la pérdida de privacidad, y el resultado de constantes abusos de poder, sobre todo contra las minorías, desde la época de las leyes conocidas como de Jim Crow.
Después de la Guerra Civil, la 15ª Enmienda prohibió negar el voto por raza, pero los estados confederados encontraron mecanismos indirectos para hacerlo casi imposible en la práctica, como pedir documentación que los negros no tenían, imponer impuestos para votar (poll taxes) que los afroamericanos, pobres, no podían pagar, o aplicar pruebas de alfabetización arbitrarias, cláusulas conocidas como “del abuelo”, que eximían de todos estos trámites a los blancos si podían demostrar que sus antecesores habían votado antes de la guerra. A eso se sumaban la violencia sistémica y la intimidación oficial.