Su instalación forma parte de las estrategia que la ARAP estará implementando de cara a la tercera auditoría que la Unión Europea
Panamá, a través de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), creó la comisión institucional para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMARE), informó el diario La Estrella.
La comisión estará encargada por 10 miembros, entre esos un representantes del Centro de control y seguimiento pesquero y del departamento de vigilancia y control de la dirección general de inspección, vigilancia y control, según detalla una resolución publicada en Gaceta Oficial.
Para su desarrollo, la comisión tendrá cinco funciones específicas, como asegurar el correcto y oportuno intercambio de la información y el cumplimiento de las distintas obligaciones con la DGMARE, así como promover, levantar y dar seguimiento a los planes de acción.
Principalmente, coordinará y asesorará en los temas que han sido objeto de análisis durante los diálogos con la DGMARE, tales como, marco legal, gestión de la flota y cooperación con terceros países, monitoreo, vigilancia y control, certificados de captura y trazabilidad y la aplicación de la Ley.
La instalación de la comisión forma parte de las estrategia que la ARAP estará implementando de cara a la tercera auditoría que la Unión Europea (UE) realizará a Panamá en el segundo trimestre del 2025 para analizar si le quita o no la tarjeta amarilla que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, confirmó a este medio que tendrán un periodo de seis a ocho meses para prepararse.
Entre los avances inmediatos, dijo, están las reuniones virtuales que tendrán con la UE para intercambiar información, entre septiembre y noviembre del 2024.
La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en el 2014, pero en el 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en el 2019.