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Opinión: Monarquía española: regeneración o caída

Opinión: Monarquía española: regeneración o caída
Los reyes de España Felipe y Leticia. Foto: AFP.

Un escándalo de corrupción ha vuelto a sacudir a la corona. Aunque España enfrenta una crisis sanitaria por el coronavirus, una parte de la ciudadanía ha mostrado su indignación. el rey Felipe VI debe impulsar los cambios que permitan decidir su futuro en referéndum.

MADRID — El monarca que reinó España durante casi cuatro décadas recibió cien millones de dólares de Arabia Saudí, los ocultó en paraísos fiscales y entregó una parte a su amante, según la justicia suiza. Pero el cuento con final infeliz de Juan Carlos I, con su mezcla de traiciones amorosas, espionaje y supuestas comisiones, no quedaría completo sin el drama familiar: su hijo y actual rey, Felipe VI, lo ha repudiado públicamente al renunciar a una herencia manchada por la sospecha.

El rey reconoce en el comunicado que difundió el domingo que conocía la existencia de esa fortuna desde hacía un año. Las preguntas son inevitables: ¿Por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades y la Fiscalía Anticorrupción? ¿Sabe de otras actividades de su padre u otros miembros de la familia real que pudieran ser ilícitas? ¿Qué reformas propone para evitar comportamientos similares?

La estrategia de la Casa Real, que busca proteger al hijo sacrificando al patriarca de los Borbón, está condenada al fracaso. Parte de la falsa premisa de que la crisis monárquica se reduce al comportamiento de un rey descarriado, cuando los problemas de la institución van mucho más lejos. El paciente requiere una profunda regeneración para, una vez concluido el proceso, permitir a los españoles decidir su futuro en un referéndum.

Miles de españoles organizaron el miércoles una cacerolada desde sus balcones a la misma hora que Felipe VI daba un discurso de ánimo a una nación confinada en sus casas por la pandemia de coronavirus. La protesta, organizada a través de las redes sociales, incluía la petición de que los cien millones de Juan Carlos I sean donados a un sistema sanitario desbordado por la crisis sanitaria. El rey pudo haber aprovechado su alocución para confrontar el escándalo real, pero optó por refugiarse en la opacidad que tanto merma la credibilidad de la institución.

Juan Carlos I actuó durante su reinado con total impunidad gracias a una mezcla de falta de transparencia, leyes obsoletas que impiden la persecución de delitos cometidos por los monarcas españoles y una cultura de pleitesía que llevó a partidos políticos, instituciones y sociedad en general a mirar a otro lado. El primer paso debería consistir en levantar el manto de protección en torno al Palacio de la Zarzuela, la residencia real.

La reacción tras conocerse el escándalo de la fortuna de Juan Carlos I muestra lo difícil que será romper viejas costumbres. Los principales diarios nacionales olvidaron mencionar la información en sus portadas, el congreso rechazó investigarla y el establishment económico y político, predominantemente cortesano, hizo piña alrededor de Felipe VI, atribuyendo motivaciones heroicas a su decisión de romper con su padre. “La dura ejemplaridad del Rey”, titulaba su editorial el periódico ABC, de larga tradición monárquica.

No hay en la investigación suiza, ni en las informaciones de la prensa británica, ningún dato que indique que Felipe VI haya cobrado dinero ilícito. Y, sin embargo, la renuncia a cualquier cantidad que no esté “en consonancia con la legalidad” solo se dio a conocer después de una exclusiva del diario británico The Telegraph identificándolo como beneficiario de los fondos de su padre.

El monarca debe colaborar con la justicia activamente para desentrañar la presunta red de corrupción que tejió su padre y que implica a familiares que pudieron actuar como testaferros. Las instituciones del Estado sospechosas de encubrimiento tienen que ser investigadas ante los indicios de que los servicios secretos fueron utilizados para proteger la reputación de Juan Carlos I, en lugar de investigar sus irregularidades.

La consorte del rey emérito, la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha anunciado acciones legales en Londres contra su expareja, acusándolo de utilizar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para amenazarla en un intento de silenciarla. La empresaria aseguró en una conversación grabada en Londres en 2015 que actuó como testaferro de Juan Carlos I durante años y ha revelado que tiene cajas llenas de documentos que comprometen a la monarquía.

El goteo constante de informaciones comprometedoras no puede seguir siendo desdeñado por la justicia, minimizado por la prensa e ignorado por el parlamento, enviando el mensaje de que la prioridad es ocultar la verdad.

La monarquía cumplió un papel estabilizador después de la dictadura, durante la Transición española, y tiene el apoyo de los partidos con mayor representación parlamentaria del país. La institución no es, como demuestran los casos de Holanda, Noruega o Dinamarca, incompatible con una democracia liberal. Pero para que lo sea tiene que estar sujeta al escrutinio y la exigencia de responsabilidades.

Felipe VI llegó al trono en 2014 prometiendo adaptar la Casa Real a los tiempos, pero el ímpetu renovador de los inicios se diluyó tras un primer año de cambios que incluyeron mayor transparencia sobre las cuentas reales, la publicación de los sueldos de sus miembros y un control sobre los regalos que recibe la familia, que hoy se consideran parte del Patrimonio Nacional. No es suficiente.

Los cambios, para ser significativos, requieren de una reforma de la constitución para regular las incompatibilidades del rey en su vida privada —por ejemplo, sus negocios—, la obligación de que los miembros de la realeza declaren su patrimonio y el fin del estatus de inviolabilidad que en la práctica sitúa al rey por encima de la ley. La reforma, una vez completada, obligaría a la disolución de las Cortes Generales, la convocatoria de elecciones y un posterior referéndum para su aprobación, momento en el que los españoles podrían decidir el modelo de Estado.

Nada de esto será posible mientras Felipe VI no tome la iniciativa y promueva él mismo los cambios. Su padre, cuando aún disfrutaba de una popularidad envidiada por cualquier político, se dirigió a la nación en 2011 y fijó las bases de una monarquía honrada, responsable y sostenida bajo el principio de que “la justicia es igual para todos”. Hoy sabemos que se burlaba de todos los españoles. Si su hijo cumple esa promesa pendiente, habrá hecho más por preservar el trono que todos los cortesanos que estos días desean ruidosamente “larga vida al rey”.

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