Algunos sectores están en alerta por la ley 409, pues consideran que el Estado no debe inmiscuirse en la forma de crianza de los padres con sus hijos
El pasado 16 de noviembre, el presidente Laurentino Cortizo estampó su firma en el proyecto de Ley 409 que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada desde el Legislativo por la diputada Corina Cano.
Esta Ley establece bases para la protección integral de los derechos de los menores y el reordenamiento de las instituciones competentes como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el propósito de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos.
Desde la perspectiva de algunos sectores de la sociedad, la normativa, que consta de 190 artículos, se fundamenta en el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, sujetos a una legislación y justicia especializada, asegurando como prioridad el restablecimiento de sus derechos fundamentales que hayan sido vulnerados.
La Alianza Panameña por la Vida y la Familia señaló que la Ley 409 no violenta el principio de patria potestad, no permite intervención médica sin autorización de los padres, no permite el cambio de sexo ni siquiera con autorización de los padres.
Y es que uno de los artículos de la referida Ley que desencadenó polémica es el 42, que se refiere a la competencia de los juzgados de niñez y adolescentes, que en su numeral cinco establece: “Autorizar la intervención hospitalaria de tratamiento médico para niños y adolescentes cuando sus padres, representantes, se encuentren ausentes o se opongan a la medida, poniendo en peligro la salud o la vida del menor”.
En una palabra, “no crea ningún derecho que no esté ya señalado en Convenciones (Convención de los Derechos del Niño); en la Constitución o en leyes existentes”, destacan de la Fundación.
Su proponente, diputada Cano, señaló que “simplemente lo que hace esta norma es darle un procedimiento de acuerdo al debido proceso y garantizando los derechos de los niños y adolescentes”, acotó la diputada Cano.
Acotó que lo que hace la nueva norma es complementar al establecer cuál es el procedimiento judicial y cuáles son las normas que se requieren para poder dar respuesta inmediata y con la celebridad que se exige cuando se trata de su protección.
Piden revisar la normativa
Autoridades tradicionales indígenas solicitaron este lunes 11 de diciembre al Órgano Ejecutivo realizar una evaluación a la Ley 409, “Que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y dicta otras disposiciones”, sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado 16 de noviembre de 2023.
Ante ello, el Ministerio de Gobierno remitió comunicación a la diputada Cano en la que le solicitó que esta semana se logre la coordinación para una reunión de trabajo, con el propósito de hacer las consultas pertinentes a los que propiciaron y a las organizaciones que avalaron dicho proyecto.
Por su parte, la diputada perredista Zulay Rodríguez indicó que a partir del 2 de enero, cuando la Asamblea Nacional regrese a las sesiones ordinarias, presentará una propuesta de revisión y modificación a la Ley 409.
“La responsabilidad de los padres no puede ser sustituida bajo ninguna circunstancia por un tercero, a no ser claro que la tutela de ese menor esté en manos de familiares que se han hecho cargo del mismo debido a circunstancias de fuerza mayor. Entiéndase, circunstancias de fuerza mayor, la muerte de sus padres”, apuntó.
En tanto, la abogada de familia, Suky Yard, dijo que los primeros artículos de la Ley le causan “mucho ruido”, y dijo que observa un hilo conductor muy delicado y peligroso.
“Soy del criterio que el Estado panameño no debe inmiscuirse en estos temas de familia. El Estado no puede tener una postura totalitaria sobre un padre y una madre, que son los que se preocupan y velan por sus hijos, y son la primera línea de protección”, agregó.