Tras denunciar un intento de golpe de Estado, será juramentado en el Teatro Nacional porque tiene un Congreso opositor
El socialdemócrata Bernardo Arévalo debe asumir mañana domingo la presidencia de Guatemala tras enfrentar una incesante arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de la élite corrupta que, según él, se aferra al poder, informó el periódico dominicano Listín Diario.
Este exdiplomático y sociólogo de 65 años, que denunció esa ofensiva como un intento de “golpe de Estado”, será juramentado en el Teatro Nacional en una sesión solemne del Congreso que le será adverso.
Desde que pasó en junio pasó a la segunda vuelta electoral contra todo pronóstico, sorteó los intentos de la fiscalía general por levantar su inmunidad y anular el resultado electoral, pero deberá encarar la suspensión de su partido Semilla y el riesgo de que sus diputados tengan poco margen de maniobra.
Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos y organismos internacionales, Arévalo relevará al derechista Alejandro Giammattei, a quien sus seguidores acusan de aupar a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la embestida judicial.
Arévalo despertó enormes expectativas en una sociedad hastiada de la corrupción, azotada por la violencia de las pandillas y del narcotráfico, y donde seis de cada diez guatemaltecos vive en pobreza.
Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), gestor de reformas sociales, el futuro gobernante prometió cerrar el grifo de dinero público que ha enriquecido a las élites, mientras la población pasa penurias.
Uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición, y el analfabetismo es del 18%. La mayor economía de Centroamérica expulsa cada año a decenas de miles en busca de trabajo en Estados Unidos, cuyas remesas aportan el 20% del PIB y ayudan a sostener el país, según datos oficiales.
Para avanzar en lo social, según Arévalo, debe comenzar la “lucha sostenida y gradual” por rescatar instituciones que dice fueron “cooptadas” por las “élites corruptas”, como la Fiscalía y los tribunales.
Durante meses se temió que los embates de la fiscalía general, que incluso allanó sedes del Tribunal Electoral y decomisó papeletas de votación, impidiera que Arévalo tomara el poder.
La Corte de Constitucionalidad debió exigir garantías para el traspaso de mando, e incluso el jueves otorgó un “amparo” a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ante rumores de una orden de captura.
En su ruta a la investidura, Arévalo tuvo el apoyo decisivo de los jóvenes, muy activos en redes sociales, y los indígenas que representan el 40% de los 17.8 millones de guatemaltecos.